Xunta y Estado negocian 'in extremis' la Ley de Derecho Civil

La comisión bilateral Xunta-Estado negociará "in extremis" durante el fin de semana un acuerdo sobre la Ley de Derecho Civil de Galicia, con el objetivo de evitar que el Ministerio de Administraciones Públicas presente un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la regulación de las adopciones que figuran en el documento. El Gobierno sostiene que la adopción no forma parte del cuerpo básico e histórico del derecho civil gallego.

El anuncio de las nuevas negociaciones lo realizó el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, tras reunirse durante media hora en Madrid con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, en el seno de la comisión bilateral Gobierno-Xunta. La Ley de Derecho Civil, aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego, tiene en un apartado relativo a adopciones que el Gobierno central considera anticonstitucional.

El plazo de seis meses dado en su día para intentar resolver los eventuales problemas de inconstitucionalidad está a punto de agotarse, por lo que en la reunión de ayer se acordó prorrogar en 48 horas la decisión final de interponer o no el recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyo plazo vence el próximo 29 de marzo. En ese plazo de dos días, la Xunta se compromete a remitir la correspondiente propuesta para su valoración por el Gobierno.

Quintana subrayó su intención de "apurar todos los plazos" y hacer "un nuevo esfuerzo de consenso y acuerdo" para evitar el recurso, al tiempo que avanzó que los contactos van a ser "intensos" porque queda "muy poco tiempo". "La comisión de trabajo ya estaba creada y ha venido trabajando en los últimos meses para alcanzar un punto de encuentro, sin conseguirlo", puntualizó el vicepresidente.

Horarios comerciales

Leiva y Quintana también estudiaron la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite la interposición de otro recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, en este caso por la ley de horarios comerciales de Galicia. La secretaria de Estado pretende solventar las discrepancias entre la ley de Galicia y la estatal, al imponer en determinados establecimientos comerciales el cierre a las 20 horas los días 24 y 31 de diciembre. Leiva y Quintana abrieron un período de seis meses para llegar a un acuerdo al respecto.

Quintana indicó que la resolución del conflicto parece ser "posible" mediante la comisión de una comisión de trabajo encargada de una "redacción transaccional", que permita por un lado dar satisfacción a la pretensión del Parlamento de Galicia, donde fue aprobada la ley, y por otro certificar "en términos jurídicos, por parte de la Administración del Estado, que tal ley no vulnera en ningún caso las competencias del Estado". El vicepresidente de la Xunta indicó que la comisión bilateral trabajará en un modelo similar al empleado en Cataluña.