"Buscando a ETA desesperadamente"
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se enfrentó ayer con nuevos argumentos a la principal acusación que el PP le hace en el caso De Juana, la cesión al chantaje de ETA. Admitió y explicó que, además de las razones legales y humanitarias de la prisión atenuada del etarra, en las que se ha explayado estos días, hay motivos políticos. Superó el temor de que el PP considerara la motivación política una cesión a ETA. Para ello utilizó un argumento que se entiende muy bien en el País Vasco y menos en el resto de España por desconocimiento de la política de dicha comunidad: que es una exigencia a cualquier Gobierno de "evitar males mayores", de impedir la creación de un caldo de cultivo en el que "se legitima" la violencia, de no beneficiar a los más violentos, de no permitirles fabricar mártires y de que el trabajo de años "se puede perder en una tarde". En definitiva, que la política penitenciaria es parte decisiva de la política antiterrorista, como fue con los Gobiernos de UCD, del PSOE y del PP. Lo ilustró con declaraciones del ex ministro del Interior Jaime Mayor, uno de los máximos denostadores de la política antiterrorista del Gobierno, cuando acercó a 32 presos de ETA a Euskadi durante el secuestro de Ortega Lara: "Los miembros de ETA en el supuesto de que decidieran una actuación, lo tienen más complicado pues no pueden justificar que ha habido una cerrazón de Interior".
Rubalcaba negó al PP que la prisión atenuada a De Juana fuera producto de una negociación con ETA, pues no existe proceso de paz. Aclaró, además, que no hay chantaje de ETA porque la huelga de hambre de De Juana fue personal y no logró su objetivo, la libertad. "O libre o muerto, ese fue el reto de De Juana. Y la respuesta del Estado ha sido: ni libre, ni muerto". Se aplicó la ley y evitó una muerte. Con muchos datos demostró al PP que en sus ocho años de Gobierno había aplicado la misma política penitenciaria, e incluso de modo más caótico, que el actual Ejecutivo. Rubalcaba desveló que ese caos fue producto del consentimiento por el Gobierno del PP de asumir la decisión de ETA, a fines de 1995, de que sus presos redimiesen condenas, incluso, extras.
Desvelada la "hipocresía" del PP, constató que "no le ha dado al Gobierno ningún margen para hacer política antiterrorista" pues "cuanto más cerca se está del fin de ETA, el PP hace más oposición con ella". Precisó que éste es el único campo de oposición que queda al PP -lo tiene "muy mal" en materia económica y social- y por ello "está buscando desesperadamente a ETA para recuperar el poder, como lo hicieron tras el 11-M, jugando al contra peor, mejor". El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, no respondió con argumentos y fabricó frases y titulares, jugando con el pasado, los GAL y la negociación con ETA. El debate, exigido por el PP, escribió otro capítulo de la división en política antiterrorista.
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