Torres mantiene el secreto de la operación Malaya para que "triunfe la justicia"

El juez Miguel Ángel Torres levantó ayer parte del secreto del sumario del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y justificó el mantenimiento de esta medida sobre otros fragmentos argumentando que la investigación no ha concluido "en modo alguno". El juez asegura en un auto que desde la última prórroga parcial del secreto "no han cesado las diligencias y se ha producido alguna detención", en referencia a Óscar Jiménez, presunto testaferro de Juan Antonio Roca que quedó en libertad con cargos tras pagar una fianza de 60.000 euros. El empresario fue detenido en Madrid el pasado 1 de marzo y está acusado de blanqueo de capitales e insolvencia punible. El levantamiento del secreto afecta a siete tomos del sumario, excepto algunos folios, y uno completo.

Torres justifica la prórroga de un mes del secreto de las actuaciones 'debido al gran número de hechos delictivos muy ligados entre sí' y pide "sigilo" y "reserva" para "lograr el esclarecimiento de los hechos y hacer triunfar los fines de la justicia". "La enorme complejidad del proceso, el elevado número de imputados y de personas investigadas, los diversos frentes en los que avanza la investigación y la dificultad de desentrañar las complicadas operaciones urbanísticas, mercantiles y financieras, exigen sin duda que esas gestiones no sean conocidas por las partes mientras se están desarrollando para que no puedan interferir en las mismas", contempla.

Comparecencias

Los ex ediles condenados por el caso Proinsa Rafael González y Marisa Alcalá acudieron ayer a declarar al juzgado de Instrucción de Marbella por cuatro causas relacionadas con la aprobación de convenios urbanísticos irregulares y los alquileres de unas viviendas. Los casos forman parte de una querella presentada por la Fiscalía en junio de 2006 por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos que se ha desglosado en 27 procedimientos.

Pablo Luna, letrado de González, explicó que su defendido "no tenía conocimiento de las comisiones de gobierno" en las que se aprobaron los convenios irregulares e incluso negó haber participado en alguna, en la que no aparece su firma.

El abogado contó que pensaba pedir pruebas sobre si se daba cuenta a la Junta de Andalucía sobre dichos convenios y ver las matizaciones y correcciones que el órgano autonómico de control había hecho. Luna aseguró que, tanto a González, también imputado en el caso Malaya, como a Alcalá, se les preguntó si tenían conocimiento de correcciones por parte de la Junta y que ambos contestaron mayoritariamente que no.

Los ex ediles fueron condenados a un año de prisión por el caso Proinsa, la construcción en 1999 de 150 viviendas garajes y locales comerciales en terreno rústico. González cumple prisión por esta causa, mientras que Alcalá disfruta del tercer grado penitenciario.