Las cooperativas se ponen los guantes

Las 4.000 cooperativas agrarias que hay en España facturan más de 15.000 millones de euros y dan empleo fijo y eventual a 100.000 personas. Aunque una treintena de ellas acapara el grueso del negocio, con una facturación conjunta de unos 4.000 millones, y a pesar de que en los últimos años se han producido procesos de concentración, el sector sigue dominado por un minifundismo que amenaza su viabilidad. La Administración y el sector trabajan juntos para aprobar cambios normativos que potencien el modelo cooperativo y aseguren su supervivencia.

En las cooperativas agrícolas importantes hay miles de socios conocidos como "durmientes", que se han jubilado o han abandonado el campo

Unas 14.000 entidades facturan más de 15.000 millones de euros, pero sólo una treintena copa más del 30% de todas las ventas

"En otros países comunitarios, fundamentalmente en el norte de Europa, el sector acometió hace más de una década su proceso de reestructuración, lo que dio lugar a la formación de unos pocos grandes grupos con capacidad y mecanismos para operar como uno más en los mercados", explica el director de las Cooperativas Agrarias, Eduardo Baamonde. "En España, aunque se han dado algunos avances muy concretos, no se ha producido esa reestructuración, tanto por la existencia de un alto grado de minifundismo como por la falta de una normativa que facilite el desarrollo de esos procesos", subraya Baamonde.

Los responsables cooperativos y la Administración coinciden en que son necesarios cambios legislativos para conseguir que estas entidades tengan más agilidad y flexibilidad en sus decisiones, más libertad en su actividad económico-financiera y más capacidad para resolver problemas como el voto de los socios que ya no tienen actividad o de quienes tienen una actividad mínima, pero que siguen participando en la toma de decisiones sobre el futuro de las sociedades.

Con la mirada puesta en el futuro, desde las Cooperativas Agrarias -en colaboración con todo el sector- se ha puesto en marcha un plan estratégico para ofrecer una salida integral para estas entidades. Una de las primeras medidas es modificar la ley para que las cooperativas tengan una mayor libertad, fundamentalmente en materia de financiación, y la posibilidad de contar con socios financieros, de entrar en el accionariado de otras empresas y de adoptar nuevas normas para regular las liquidaciones a los socios que deseen abandonar la cooperativa.

Cooperativas Agrarias aboga por potenciar la oferta de productos con mayor valor añadido y más demandados por los mercados, y por crear una imagen de marca cooperativa en todos los sectores frente a la gran distribución.

Ante la existencia de más de 14.000 cooperativas, la iniciativa plantea fomentar los procesos de concentración con el objetivo de competir en mejores condiciones en el mercado interior y, sobre todo, salir al exterior. Todo ello, desde una mayor formación de los consejos rectores y una mejor preparación de los gerentes. Además, el plan apoya la potenciación de las cooperativas como empresas, subrayando su papel como motor económico en el medio rural.

Los grandes grupos cooperativos están de acuerdo en la necesidad de acometer las reformas, aunque en algunos casos ya han puesto en marcha sus propias fórmulas en esa misma dirección para seguir creciendo en condiciones de igualdad con las empresas privadas que operan en cada sector. Para Manuel Gómez Franqueira, director gerente del grupo Coren, primera cooperativa española en facturación con 850 millones de euros, la actual normativa de cooperativas tiene muchas limitaciones para competir en el mercado en condiciones de igualdad con otras empresas, al tener menos agilidad y flexibilidad en sus actuaciones.

En manos de otras

La firma gallega, para salvar esas barreras y llegar a la situación actual, ya puso en marcha, a través de las propias cooperativas, sociedades mercantiles como Gallega de Alimentación, dedicada a la distribución comercial, o Frigolouro, que opera en el sector industrial, para ganar competitividad.

Para Antonio Luque, director gerente de la cooperativa aceitera Hojiblanca, que se ha convertido en la primera entidad asociativa en el sector, es urgente proceder a un cambio de legislación para lograr al menos la misma agilidad de que disponen las sociedades mercantiles. Para operar en los mismos mercados, Hojiblanca estima que las cooperativas deberán tener también las mismas posibilidades de buscar financiación en los mercados y de tener en su seno a socios financieros, o que las cooperativas puedan entrar como socios en otras empresas.

Con el objetivo de lograr algunas de esas condiciones, la Cooperativa del Valle de los Pedroches, en Córdoba, planteó a finales del año pasado en una asamblea a sus cooperativistas la siguiente salida: modificar su estructura para dejar una parte de la sociedad -más del 50%- con base cooperativa y permitir que el resto de la actividad quedase en manos de otras sociedades en las que los mismos socios estuvieran de forma individual. La asamblea rechazó la propuesta, no se sabe muy bien si por estar la mayoría de los cooperativistas en contra de esa filosofía o por desconfianza hacia sus representantes y el miedo a renunciar al control de su entidad. El director general del grupo cooperativo andaluz, Miguel Angel Díaz Yubero, entiende que las cooperativas nacieron como respuesta a la necesidad de sus socios de organizar la producción y la oferta en los mercados, por lo que son un medio para lograr unos objetivos y no un fin.

Aunque está constituida como Sociedad Agraria de Transformación, Central Lechera Asturiana, líder en el sector de la leche, lleva una década con Pedro Astals como director general intentando dar un vuelco en las estructuras de la entidad en medio de la división de los socios. Un primer paso en ese proceso fue la constitución de la Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), donde Central Lechera Asturiana es socio mayoritario con el 56% de las acciones para operar con Capsa como una sociedad anónima.

Los derechos de voto

Un socio, un voto, ha sido uno de los principios sagrados en la historia del movimiento cooperativo español, como la mejor referencia para defender la igualdad de derechos de los miembros. En la actualidad, con una ley de carácter nacional pero con leyes en cada una de las comunidades autónomas, ya son numerosas aquéllas donde se han puesto condiciones a los derechos de voto en función del peso y la actividad de cada uno de los cooperativistas.

Delimitar el peso de cada voto es uno de los debates actualmente abiertos en el marco cooperativo. Ante decisiones de importancia para el futuro de la cooperativa, la política pasaría por regular y condicionar el voto al peso de cada socio en la sociedad. En principio, para ser socio de una cooperativa es preciso desarrollar una actividad. Actualmente, en las cooperativas agrícolas más importantes hay miles de socios conocidos como "durmientes", que se han jubilado o que simplemente han dejado la actividad por la que entraron en la entidad.

En algunas cooperativas se han dado respuestas concretas al peso de este tipo de socios en el seno de cada entidad, limitando sus derechos de voto, aunque se trata de una situación a la que se trata de buscar una salida global. En medios cooperativos no se entiende que alguien sin actividad o con una actividad muy reducida pueda participar en la toma de decisiones sobre un futuro en el que no se juegue su dinero.