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Juicio por el mayor atentado en España | 11-M

La policía desmiente en un informe al testigo protegido Cartagena

La Comisaría General de Información ha elaborado un informe de diez páginas en el que desmiente todas las declaraciones contenidas en el escrito de retractación que presentó el confidente Cartagena el pasado 5 de diciembre en la Audiencia Nacional, y que ayer en el juicio dijo que era la única verdad. El documento policial, fechado el 15 de diciembre y firmado por Miguel García Valverde, comisario general de Información, desmiente que el testigo protegido fuese presionado, se le hiciese firmar folios en blanco o que se le marcasen los objetivos a investigar.

El informe detalla que la relación con la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), a algunos de cuyos agentes acusó ayer de hechos delictivos, comenzó en octubre de 2002, y que el confidente pidió "una compensación económica", "renovar la residencia" y no volver "a ser molestado por los servicios marroquíes". El documento niega que se le propusiera viajar a Siria ni otros extremos detallados ayer en el juicio: "De nuevo hacer constar que nunca existieron amenazas, coacciones ni tampoco ninguna alteración en las informaciones facilitadas" por el testigo protegido.

La policía admite la reunión del 3 de abril de 2004 junto al parque Juan Carlos I de Madrid. "En dicho encuentro no se habla en ningún momento de la localidad de Leganés ni se le pide", añade, "que se traslade a dicho piso", que, según consta en el sumario, fue descubierto horas después. La policía asegura que "en ningún momento, con anterioridad a los atentados del 11 de marzo de 2004", el testigo "habló de los mismos".

Cartagena siguió colaborando, como mínimo, hasta septiembre de 2004, ya que sus confesiones contribuyeron a desarticular la célula islamista de Mohamed Achraf que pretendía volar la Audiencia Nacional. El informe añade: "En cuanto a que se ocultara a la autoridad judicial sobre Achraf y sobre la organización terrorista ETA, resulta falso", ya que Cartagena contó en septiembre de 2003 al juez Baltasar Garzón que había coincidido en los calabozos de la Audiencia Nacional con el etarra que intentó matar al Rey.

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