Conde-Pumpido admite que los fiscales no están ágiles en el 'caso Fabra'

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconoció ayer que su ministerio no está actuando con agilidad en la tramitación del caso Fabra. Conde-Pumpido se justificó por las "vicisitudes procesales" [los cambios de jueces y fiscales registrados] y confió en que haya una resolución judicial "cuanto antes". El fiscal general opinó sobre el caso Fabra horas después de haber advertido en el propio Palau de la Generalitat sobre el riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de "las conductas antijurídicas" impulsadas por unos pocos.

"Creo que no estamos siendo lo suficientemente ágiles en la tramitación del caso Fabra porque es un proceso complejo y nos hemos encontrado con vicisitudes procesales", manifestó Conde-Pumpido, que añadió: "Espero que se pueda llegar a una resolución judicial, la que sea, cuanto antes".

El fiscal general del Estado se pronunció sobre el caso Fabra -en el que figura como imputado el presidente de la Diputación de Castellón por varios delitos contra la Administración- antes de acudir a la entrega del premio de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo.

El sumario del caso Fabra ha sufrido un rosario de retrasos motivados, fundamentalmente, por los cambios de juez en el juzgado número 3 de Nules y de fiscal, así como por los numerosos recursos presentados por las partes.

Conde-Pumpido acudió a mediodía de ayer al Palau de la Generalitat para firmar unos convenios con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, para permitir la consolidación de un foro jurídico-económico que mejore la formación de magistrados y fiscales en la comprensión y persecución de los delitos económicos.

El fiscal general del Estado, que elogió el esfuerzo de la Generalitat en la modernización de los medios necesarios para impartir la justicia, no se reprimió a la hora de señalar que los beneficiarios de los convenios serán los ciudadanos, en especial los empresarios que sufren la competencia desleal de la corrupción, trabajadores y consumidores.

Y, especialmente, "las instituciones injustamente puestas bajo sospecha o sometidas al desprestigio por las conductas antijurídicas de unos pocos".

El responsable del Ministerio Fiscal argumentó que es necesario mejorar la formación de jueces y fiscales porque "la delincuencia económica ha ido perfeccionando su nivel de especialización y tecnificación, no sólo con el objetivo de obtener mayor y más fácil lucro, sin con el de asegurar la impunidad de sus actores".

El jefe del Consell aprovechó la ocasión para recalcar el esfuerzo de la Generalitat por dotar de medios materiales a la justicia.