El amigo Juan Carlos

"De Ibarra se puede esperar cualquier cosa y a cualquier hora", dice un socialista andaluz del presidente de la Junta de Extremadura, quien ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto andaluz. Y así es.

El socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra estaba invitado el pasado miércoles a la presentación de un libro de recetas de vigilia escrito por un señor que es fraile en los Reales Alcázares de Sevilla. En la capital de Andalucía, casi 48 horas después de la celebración del referéndum del Estatuto, con un PSOE andaluz aturdido por la baja participación (36,28%) y cuando el Gobierno de Manuel Chaves se había propuesto pasar página rápidamente y desplegar una doble agenda de desarrollo estatutario -con el Guadalquivir en primer plano-, Rodríguez Ibarra anunció el recurso contra la competencia de mayor carga simbólica de todo el Estatuto: la gestión por parte de la comunidad autónoma de las aguas andaluzas del Guadalquivir.

"Chaves ha tenido en el partido siempre un papel conciliador, y eso Ibarra no lo asume"

Chaves tenía previsto asistir al acto, pero la suspensión del tren AVE, por la caída de una viga en la línea, le obligó a tomar un avión a Madrid para asegurar su presencia en el homenaje que el PSOE rindió al fallecido Alfonso Perales ese mismo día.

Los socialistas andaluces están muy enfadados con su compañero, aunque públicamente minimizan la situación. Que lo hubiera anunciado alguien del Partido Popular lo hubieran podido entender, pero no de un presidente socialista. No porque carezca de legitimidad, que nadie niega, sino, sobre todo, por el momento y el lugar escogido, subrayan. Es como si el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se hubiera ido a Cáceres a darle una colleja política sin previo aviso, sin hablarlo antes y en un momento difícil para los socialistas extremeños.

Chaves y Rodríguez Ibarra nunca han hablado entre ellos de la gestión del Guadalquivir en el Estatuto andaluz, según fuentes socialistas. Sí lo hicieron sobre las competencias exclusivas de Andalucía sobre el flamenco, algo que el presidente extremeño calificó de "disparate" el día después de que el Congreso de los Diputados aprobase casi por unanimidad la proposición de reforma a principios de noviembre. Ibarra ya entonces apuntó que su Gobierno estaba estudiando acudir al Constitucional por el río y el flamenco.

Entonces quien sí hizo labores de arbitraje con Rodríguez Ibarra sobre el Guadalquivir fue Alfonso Perales, cuyo papel de mediador nadie ha cubierto en la ejecutiva federal.

Muchos socialistas andaluces ven tras la decisión de Rodríguez Ibarra una suerte de motivación personal, una especie de "pique" con Chaves que viene de lejos, cuando el PSOE decidió elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno mediante elecciones internas (las llamadas primarias) y ganó Josep Borrell frente al secretario general del partido Joaquín Almunia. El presidente extremeño defendió la celebración de un congreso extraordinario y el presidente andaluz, la normalidad orgánica. Ganó Chaves.

Ambos mantuvieron encontronazos en varios comités federales, algo normal en un partido como el socialista donde el peso de los barones ha ido a más desde que Felipe González dejó de liderar el PSOE. "El problema" quizás, apuntan los socialistas andaluces, viene de cuando Chaves sobresale sobre el resto de los secretarios generales como una persona de conciliación en el convulso PSOE de los años 90, donde siempre se le reclama como solución al conflicto. Por ese perfil de hombre de partido no de ningún sector fue designado presidente de la gestora que pilotó el 35º Congreso Federal del PSOE y se llevó para organizarlo a su mano derecha Luis Pizarro. El congreso lo ganó José Luis Rodríguez Zapatero y Chaves fue elegido presidente federal pese a que su candidato no fue el hoy presidente del Gobierno sino José Bono. "Juan Carlos siempre se sitúa en posición de confrontación en el partido y Chaves siempre ha tenido el papel de conciliador y eso es lo que no asume", aseguran las fuentes consultadas para explicar la tensión.

El anuncio del recurso al Tribunal Constitucional por la gestión del Guadalquivir tampoco ha sido comprendido desde el Gobierno central y la ejecutiva federal del PSOE. La redacción del artículo 51 del Estatuto consumió horas y horas de debate entre los socialistas andaluces, la dirección federal y el Ministerio de Medio Ambiente. Al final se aquilató una fórmula feliz para todos y en vez de aludir a la competencia exclusiva de la comunidad sobre la "cuenca hidrográfica del Guadalquivir" se aprobó la de "sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad". En realidad no es una competencia "exclusiva", sino compartida con el Estado, ya que se reconoce la prevalencia estatal para decidir sobre asuntos generales que afectan a las otras tres comunidades por las que discurre la cuenca (Castilla-La Mancha, en un 7,13%; Extremadura, en un 2,45%; y Murcia, 0,20%), porcentaje que un dirigente en el caso de Extremadura compara al agua "que cabe en una palangana".

Aunque los socialistas andaluces dudan en primer lugar de que el recurso se presente y, en segundo, que prospere, por ahora no van a intentar siquiera convencerlo. "En caliente no, más adelante", afirman varios socialistas vigilantes, pero no en vigilia.