La CRTVG suma ya 10 condenas por cesión ilegal de trabajadores

La Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG) acumula ya diez sentencias condenatorias de otros tantos juzgados gallegos que le instan a incorporar a su plantilla a 20 trabajadores de las productoras que desde hace años suministran contenidos para los informativos de la cadena. Las productoras de los diarios El Progreso, La Región y La Voz de Galicia (Video Voz) han sido las últimas afectadas.

Las sentencias condenatorias se están produciendo en términos análogos en los juzgados de lo social de las cuatro provincias gallegas. Todas coinciden en señalar una cesión ilegal de trabajadores al interponerse una empresa aparente (productora o ETT), que se limita a realizar funciones de trámite, y otra real (CRTVG), que organiza y ordena el trabajo del personal de la empresa aparente como si se tratara de personal propio.

La CRTVG, desde su puesta en marcha, cubre sus delegaciones en las principales ciudades gallegas, así como en Burela, Madrid, Oporto y Bruselas, mediante contratos con empresas productoras que pertenecen a las editoras de El Progreso, La Voz de Galicia y La Región, más la Productora Faro (anteriores propietarios de Faro de Vigo) y TV7. Sólo tiene delegaciones propias en A Coruña y Vigo, aunque la dinámica es la misma para todas: la CRTVG aporta la infraestructura técnica y sus responsables de informativos organizan la producción directamente con los empleados de las productoras contratadas.

Estos empleados, entre 113 y 130 si se incluye la delegación de Nueva York, perciben del 40% al 60% menos del salario que les correspondería por convenio como personal de la CRTVG, no acceden a derechos de antigüedad y realizan jornadas laborales más extensas que el personal de plantilla. Todos fueron contratados mediante alguno o algunos de los siguientes modelos de contratación fraudulenta: falso autónomo, contrato artístico, a través de ETT, a través de la productora o a través de ETT para la productora.

En ninguna de las otras cadenas autonómicas españolas se produce una situación similar: su personal de informativos es todo de plantilla. Además, a las administraciones públicas (y la CRTVG es una empresa con ese carácter) se les prohíbe contratar personal a través de ETT.

Las demandas han sido planteadas por 50 trabajadores (redactores, cámaras y técnicos de radio y televisión). Ninguna de las diez sentencias emitidas hasta la fecha, que resuelve la situación de 20 demandantes, copia las anteriores. Todas llegan a los mismos resultados con argumentaciones jurídicas desde distintos puntos de vista.

La CRTVG ha recurrido todas las sentencias que la condenan a incorporar a su plantilla, con contrato indefinido, a los trabajadores de las productoras y al pago solidario de las diferencias salariales. Mientras, mantiene con las productoras una prórroga de los contratos, que caducaron el pasado 31 de diciembre.