El Ayuntamiento de Gibraleón paralizará la construcción de 323 viviendas acordadas en 2001

El Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) quiere suspender la licencia de urbanización de las 323 viviendas, avanzaron ayer fuentes del gobierno local. La próxima construcción de las casas era el resultado de tres convenios urbanísticos que, en 2001, reclasificaron 3,5 hectáreas de terrenos urbanizables a urbanos. La reclasificación, que se realizó mientras era alcalde José Luis Rodríguez, actual parlamentario andaluz y miembro de la dirección regional del PP, suponía la construcción de 323 casas donde antes estaba previsto edificar 171.

Lo que pretende el gobierno local con la paralización es, entre otras cosas, adaptar el proyecto urbanístico a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) porque afirman que, tal y como está ahora, sería imposible. Todavía se está a tiempo, puesto que no se ha empezado la construcción de las viviendas. No obstante, al menos una inmobiliaria ya ha comenzado a vender casas sobre plano a particulares que ahora descubren que los terrenos podrían no ser legales y la licencia de obras suspendida.

Informe del arquitecto

El Ayuntamiento anuncia la suspensión basándose en un informe jurídico de la asesoría municipal que ha detectado irregularidades. Pero, para suspender la licencia de urbanización, el informe jurídico no es suficiente, por lo que el Consistorio que dirige el alcalde tránsfuga Juan Serrato -candidato en las municipales por el PSOE- ha de esperar al informe que redacta el arquitecto técnico municipal y que se presentará la próxima semana. Fuentes del gobierno municipal señalaron que éste será favorable a la suspensión. Si es así, la orden se daría en la siguiente junta de gobierno local.

El informe jurídico es claro. En sus páginas se destaca que "el procedimiento de aprobación seguido

[para obtener la licencia de urbanización] ha omitido todos los trámites esenciales previstos por la normativa aplicable, lo que determina la nulidad de pleno derecho en la concesión de esta licencia (...) al prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En este sentido, se señala, que el "proyecto de urbanización se aprobó por la Junta de Gobierno Local (...) sin informe técnico en el que respaldarse". Además, afirma que el acuerdo por el que el pleno del Ayuntamiento aprobó los convenios debía haberse hecho público, como marca la ley, cosa que no ocurrió. Ello podría suponer la nulidad de los convenios y, por tanto, de la licencia de urbanización, señalan fuentes de la asesoría jurídica.

Junto a estar irregularidades, el informe recuerda que por los terrenos reclasificados discurre el arroyo de Téjar, "lo que acarrea que, previamente a la aprobación, debía haberse remitido dicho proyecto a la Consejería de Medio Ambiente" para que emitiese un informe de impacto.

Fuentes del gabinete jurídico explicaron que ninguno de los tres convenios llevaba los informes preceptivos del interventor. Y uno de los tres documentos carecía del informe de valoración que el arquitecto técnico debía redactar con respecto a los aprovechamientos públicos de los terrenos.