PP y PSOE elevan la bronca en Vigo por el urbanismo

Al gobierno municipal de Vigo no le cupo otra opción que dar las licencias para edificar el centro comercial Gran Vía en Finca do Conde. Así lo aseguró ayer su portavoz, José Manuel Figueroa, en una bronca sesión del Consello da Xerencia de Urbanismo dedicada íntegramente al asunto. El portavoz socialista, Mauricio Ruiz Ceniceros, lo contradijo. Ambos partidos avanzan a posiciones cada vez menos conciliables.

El proceso histórico de la concesión de licencias en Finca do Conde, cuyo plan parcial ha sido anulado por el Tribunal Supremo antes de que pudiera ser legalizado por el nuevo plan general de urbanismo que está en fase de correcciones en la Xunta, dio pie al portavoz municipal y concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, para reiterar su "impecable actuación" en el procedimiento administrativo de la concesión de licencias para el centro comercial.

Previamente, en el mandato del nacionalista Lois Pérez Castrillo, recordó Figueroa, se había autorizado la construcción de las dos torres de viviendas, pese a la intención inicial de aquel gobierno de coalición (BNG-PSOE) de anular el plan parcial que había aprobado en solitario el gobierno de Manuel Pérez (PP). Castrillo no lo consiguió por impedírselo un informe vinculante del Consello Consultivo de Galicia, que obligó a tramitar la petición de licencias. Este informe fue a su vez determinante, dijo Figueroa, para que el actual gobierno municipal diera las licencias para el centro comercial "y no caer en prevaricación".

En medio, entre el mandato de Pérez Castrillo y el actual gobierno, hay un período de seis intensos meses con Ventura Pérez Mariño de alcalde. La coalición PSOE-BNG que lo sustentaba rompe por disensiones urbanísticas a las que Finca do Conde puso un prólogo. Los socialistas no hubieran aprobado las licencias para la construcción del centro comercial "ni aunque nos hubiera costado la alcaldía", reiteró ayer, contundente, Ruiz Ceniceros.

De hecho, él, con el concejal Miguel Barros y el propio Pérez Mariño recurrieron al contencioso intentándolo como ciudadanos comunes. Figueroa repasó ayer esos episodios para denunciar que el gobierno de coalición ya disponía en el expediente de informes técnicos favorables a la tramitación de las licencias y, si no lo hicieron, dijo, fue por "dejación de sus funciones y fraude de ley. Nos pasaron el problema a los demás".

A mayores, Figueroa cargó contra el plan general de 1993 por la inseguridad jurídica que generó en la ciudad. "No vamos a tolerar que la Xunta nos dé lecciones de urbanismo después de haber promovido ese plan", afirmó Figueroa, identificando a las actuales autoridades autonómicas con sus autores -singularmente, la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, a la sazón teniente de alcalde en Vigo- y con los promotores del rechazo al actual plan que se corrige en la Xunta y que, tal como salió de Vigo, habría legalizado el plan parcial de Finca do Conde y otras actuaciones que los tribunales han sentenciado como ilegales.

Todo, concluyó Figueroa, vendría a ser una "maniobra orquestada" por Abel Caballero, candidato socialista a la alcaldía, con la complicidad de algunos conselleiros y con una única finalidad electoralista sobre los intereses generales de la ciudad. "Algunos tendrán que actuar de mamporreros", acusó.

Otros recorridos

Pero el proceso de Finca do Conde tiene otros recorridos, según expuso Ruiz Ceniceros. Citó, entre los que Figueroa había olvidado señalar, el enfrentamiento al gobierno de Manuel Pérez de la Xunta del PP, que promovió dos contenciosos contra el plan de Finca do Conde, finalmente fallados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra lo que el PP defendía en Vigo. "Ustedes están retorciendo el argumento", apuntó Ruiz. "Finca do Conde se anula por no cumplir el plan general, no porque éste sea mejor o peor". Y con todo, fue un plan general aprobado por el PP en Vigo y en la Xunta.

Las dos sentencias del TSXG contra el plan de Finca do Conde invitaban, "aunque sólo fuera por prudencia", dijo Ruiz, a no dar las licencias, como se hizo en los casos "exactamente iguales" de La Metalúrgica y Marqués de Alcedo.

Corina Porro presidió la sesión, Xulio Calviño encontró hueco para señalar a Figueroa como "el mamporrero mayor de esta corporación y de todas" y los tres concejales del BNG, para abandonar la sala antes que ser comparsa en las disputas de los mayoritarios.