El atasco judicial aumentó en 2006 con la entrada récord de ocho millones de casos
Los juzgados y tribunales empezaron el año con 2,3 millones de asuntos pendientes
La justicia en España sigue empantanada de asuntos, fundamentalmente en las grandes ciudades (y de ellas, Madrid se lleva la palma). En 2006, los órganos judiciales sobrepasaron, por primera vez en su historia, la barrera de los ocho millones de asuntos (8.041.876) ingresados en sus distintas jurisdicciones (es decir, registraron 413.000 litigios más que en 2005 y dos millones más que en 1995). Llueve sobre mojado, porque ya en 2005 se produjo un repunte de asuntos del 2,65% sobre 2004. Todo esto se traduce en demoras de hasta cuatro años en la Sala Civil del Supremo.
Y a la vez que crece la litigiosidad, aumentan los casos pendientes o en fase de tramitación: 2006 se cerró con 2.297.617 casos pendientes, 118.000 más que en 2005, según revela la estadística del Consejo del Poder Judicial. El ligero descenso de asuntos pendientes en los tribunales conseguido por primera vez en 2004 se quedó en una anécdota en 2005 y más aún en 2006. La litigiosidad penal más alta la registran Madrid, Cataluña y las ciudades costeras, cuyos juzgados se desbordan en verano debido a la afluencia de turistas en esa época.
Frente a esta avalancha de asuntos, el vocal progresista del Poder Judicial Juan Carlos Campo sostiene que la solución no pasa por "crear más juzgados". "Es necesario conjugar los distintos esfuerzos de la justicia y buscar mecanismos que eviten el proceso: este modelo está saturado", señala, "El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante en crear más juzgados y los resultados no acompañan". Las peores tasas de resoluciones de 2005 (la diferencia entre asuntos ingresados y asuntos resueltos en un mismo año) siguen teniéndolas en 2006 los tribunales superiores de Justicia de Canarias, Baleares, Madrid, Valencia y La Rioja, mientras que la mejor situación la viven en Asturias, Galicia y País Vasco.
- Jurisdicción penal. La jurisdicción penal ingresó en 2006 unos 200.000 casos más (5.413.801) que en 2005. Un asunto penal que termine en el Supremo puede durar desde que se inicia entre tres y cinco años. Para agilizar la justicia penal, en 2002 el Gobierno puso en marcha los juicios rápidos. El efecto de aquella iniciativa no es del todo satisfactoria. "Los juicios rápidos no sólo no han bajado la delincuencia sino que, al menos en Madrid, las grandes causas por delitos económicos y de siniestralidad laboral quedan aparcadas", señala el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que recibió 3.200 casos en 2006, dejó estancados a fines de ese año 1.004. La del Supremo, aunque resolvió en 2006 más casos de los que ingresó (4.082), dejó pendientes 2.283 asuntos.
- Jurisdicción de lo contencioso. La jurisdicción contenciosa (que resuelve pleitos entre los ciudadanos y la Administración) también acumula miles de asuntos sin resolver. Los juzgados de Madrid, por ejemplo, están señalando juicios ahora para mediados de 2009 (la mitad son asuntos de extranjería). Y si tras la sentencia hay recursos ante el Tribunal Superior, la demora se puede prolongar otros dos años, a lo que hay que sumar la espera en el Supremo. La Sala de lo Contencioso del Supremo, a la que en 2006 llegaron 12.600 asuntos, resolvió 13.100 y dejó pendientes para 2007 un total de 17.525 demandas. En 2005, la duración media de un proceso contencioso-administrativo en España era de 7,49 meses (muy por encima de los 5,94 del año 2004).
- Jurisdicción civil. La Sala Primera del Supremo es la más colapsada de España. Su estadística supone grandes quebraderos de cabeza para los usuarios que aguardan justicia y un placer para los que las demoras son un alivio. A fines del año 2006 tenía 10.620 asuntos. Cifra sobrecogedora si se tiene en cuenta que ese año registró 3.647 asuntos y resolvió 6.021, de lo que se deduce que arrastra litigios de un año para otro. Esta sala está tardando hasta cuatro años en resolver muchos casos que le llegan.
- Jurisdicción social. Los juzgados de lo social (las antiguas magistraturas de trabajo) han funcionado dentro de parámetros normales durante años. Ahora tienen miles de asuntos pendientes: en el año 2006 ingresaron 276.000 asuntos laborales, resolvieron 256.000 y dejaron pendientes 119.000.
Más casos pendientes
Enrique López, portavoz del Poder Judicial, ve un paralelismo entre el aumento global de casos pendientes y la decisión del Supremo de anular el reglamento que regulaba el trabajo de los jueces y pagaba un plus (unos 10.000 euros anuales) a los jueces que sobrepasaban el módulo. "Es necesario primar el mayor tiempo de trabajo de los jueces", insiste López. En España hay unos 4.200 jueces.
Según datos del Consejo, los jueces que trabajan por encima del módulo medio de dedicación (a un 120%) han pasado de ser 1.863 en el primer semestre de 2004 a 1.180 en el mismo periodo de 2006. El Supremo anuló el reglamento que establecía los citados pluses por entender que las resoluciones judiciales no deben medirse sobre criterios cuantitativos. El Poder Judicial ha elaborado otro reglamento sobre dedicación judicial en el que, según López, se valora "la calidad de las resoluciones y el tiempo de respuesta" a los asuntos.
El Ministerio de Justicia no está de acuerdo con el nuevo reglamento diseñado por el Consejo porque entiende que reduce la productividad de los jueces en un 30% respecto a lo que había. Por ello, el PSOE hizo una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La enmienda propone que las retribuciones variables de jueces y magistrados se vinculen a su "rendimiento individual acreditado" y basado en el rendimiento medio de los últimos cinco años. "Cuando hablamos del juez, hablamos del Estado administrando justicia", señala el presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid. "Resulta inmoral retribuir a los jueces en función del número de resoluciones que dictan. Con ese sistema, dictarán más resoluciones los jueces con menos escrúpulos", añade. Y concluye: "Es evidente que una resolución estudiada lleva más tiempo que una que no se estudia. El fin de la justicia no se puede medir en número de resoluciones. Eso sería como decir que un Gobierno o un Parlamento son mejores o peores por el número de cosas que hagan y no por la justicia y calidad de lo que hagan".
