El 'narco' Oubiña debe al Estado más de 100 millones de euros en multas

El narcotraficante Laureano Oubiña tiene pendientes de pago multas por valor de más de 100 millones de euros derivadas de tres condenas judiciales por tráfico de hachís. Esta deuda no impedirá que Oubiña obtenga en pocas semanas la libertad condicional, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Su excarcelación se producirá gracias a la refundición de sus condenas que ha admitido un auto de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y que revoca anteriores resoluciones de los tribunales que le condenaron, del fiscal y del juez de vigilancia penitenciaria.

La actual legislación impone a los traficantes de droga elevadas multas en concepto de indemnizaciones pero no de responsabilidad civil. "Esta es la gran contradicción de la ley, porque no se considera un daño a la sociedad sino al Estado, lo cual les permite salir de la cárcel sin haberlas liquidado", indicaron las fuentes judiciales consultadas. El Gobierno prepara una reforma para cambiar este aspecto de la actual legislación, pero no se podrá aplicar con carácter retroactivo.

La presidenta de la Federación Galega de Asociaciones de Ayuda al Toxicómano, Carmen Avendaño, calificó ayer de "inadmisible" la próxima excarcelación de Oubiña, lograda tras una apelación contra la que no cabe recurso. Avendaño cree que antes de abandonar la prisión, Oubiña debe saldar sus cuentas con el Estado y pagar hasta el último céntimo.

Recordó Avendaño que "la norma que está aplicando la Administración penitenciaria es que no se conceda la libertad condicional, al cumplir las tres cuartas partes de la condena, si tiene multas pendientes". "Y que yo sepa", agregó, "este señor debe todavía muchos millones al Estado, en concepto de multas por narcotráfico. Esto es muy importante y si ahora es de otra manera están desmontando lo que hasta ahora era una regla de general aplicación".

La primera condena en firme contra Oubiña, en el juicio por la llamada Operación Nécora, fue por delito fiscal y le supuso una multa de 1.800 millones de pesetas. La Audiencia Nacional intentó saldarla con el decomiso del Pazo de Baión en 1999, en el que Oubiña aparecía como su presunto dueño. Pero en el juicio, la Fiscalía Antidroga retiró esta acusación de blanqueo de dinero por falta de pruebas. En 1999 fue condenado por tráfico de hachís y se le impuso una multa de 2.400 millones de pesetas. En otra condena posterior por el mismo motivo la sanción se elevó a 7.500 millones. En la última condena, el pasado año, por la introducción de 12 toneladas de hachís, la multa se elevó a 60 millones de euros.

Respecto al auto que permitirá la excarcelación del narco, Avendaño señaló: "Respetando la decisión de los jueces, que nosotros sepamos, es la primera vez que se consigue algo así, puesto que hay pronunciamientos del Tribunal Supremo siempre denegando la refundición de condenas ya cumplidas. En este caso, no sabemos qué criterios emplea la Sala para que puedan permitirle a este señor salir de la cárcel dos años antes de que extinga la condena".

"Nos parece un trato de favor descarado para un señor que desde luego no se lo merece y una decisión judicial con la que, evidentemente, no estamos de acuerdo, pero hay que respetar y conformarse. Pero también nos parece una oportunidad para que otros puedan reclamar el mismo trato", advirtió Avendaño.

Las asociaciones de ayuda al toxicómano exigirán que se apliquen los mismos criterios a "cientos de personas, con problemas de drogadicción, que están en la cárcel desde hace muchos años, víctimas de estos señores a los que no se les aplica ningún privilegio". "Que se les aplique esta doctrina con igual fervor y contundencia", añadió Avendaño. La presidenta de la federación aludió al largo historial de Oubiña, "una persona que ha sido reincidente". "Queremos saber qué nos van a contestar cuando pidamos la excarcelación de tantas personas porque creemos que la justicia es imparcial y que no se trata de una aplicación puntual para personajes de renombre".

Por su parte, el alcalde de Vilagarcía, el socialista Javier Gago, no quiso valorar el auto de la Audiencia. "Estas decisiones las toman los jueces y hay que acatarlas, nos gusten o no. A los ciudadanos sólo nos queda respetarlas", afirmó.