El cierre del grifo europeo abre la guerra de las infraestructuras

El AVE que está a punto de llegar a Barcelona lo ha pagado más la Unión Europea que España: los fondos europeos han aportado para la obra 3.516 millones de euros, un 72% del total, el equivalente al trayecto Madrid-Lleida. Otros 1.788 millones han llovido desde Bruselas para el AVE Madrid-Valladolid, una cifra suficiente a cubrir el 80% del coste total. Son sólo dos casos emblemáticos en una lista muy amplia. Dos ejemplos para entender las dimensiones de un problema: si éste es el año en el que se prevé celebrar la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria a Barcelona y Valladolid, también es el que marca la vuelta de hoja en tema de fondos europeos, porque el grifo se va cerrando.

El 24% de la inversión en infraestructuras en España desde 1986 fue cubierta por fondos UE

El presupuesto de la Unión Europea para el septenio 2007-2013 contiene algunas buenas noticias: España seguirá recibiendo más de lo que pone; los agricultores mantendrán sus fondos; habrá dinero para I+D. Pero, también, una objetivamente mala, que mide 24.500 millones de euros: la diferencia que va de los 55.500 millones en concepto de fondos estructurales y de cohesión, llegados desde Bruselas entre 2000 y 2006, a los 31.000 garantizados para el actual septenio. Millones destinados sobre todo a vertebrar España con ferrocarriles, autopistas y aeropuertos.

Las cifras son contundentes: entre 1986 y 2006 los fondos europeos han representado el 24% de toda la inversión en infraestructuras de transporte en España. Su masivo recorte pone sobre la mesa de la política española preguntas espinosas: ¿Quién pondrá lo que la solidaridad europea dirige ahora hacia otras tierras? ¿El gobierno central? ¿Las autonomías? ¿Se abre un periodo de obras publicas cofinanciadas y gestionadas por el sector privado? Preguntas que, además, amenazan con tener coletazos durante bastante tiempo, ya que los fondos se reducirán inexorablemente en el futuro.

El impacto es duro, sobre todo para la comunidad de Castilla y León, que recibirá unos 1.200 millones de fondos estructurales frente a los 4.800 del septenio anterior. Es la que más dinero europeo pierde. "Los fondos UE representaban el 10% del presupuesto regional al principio del septenio pasado. Ahora, sólo el 2%", comenta la consejera de Hacienda de esta Comunidad, Pilar del Olmo. "Somos la que más pierde. No estamos satisfechos con el reparto de fondos entre comunidades que ha hecho el Gobierno y exigimos compensaciones. No puede ser que seamos nosotros los paganos de la ampliación de la UE", se queja.

Castilla y León sufre el recorte por haber alcanzado una renta per cápita superior al 75% de la media comunitaria. No obstante, que la renta haya subido no significa que una región no tenga déficit infraestructural importante, puntualiza Del Olmo. "Todavía no hay autovías entre las principales ciudades de la comunidad", dice. Y si Bruselas no ayuda, que lo haga Madrid. Como Castilla y León, también la Comunidad Valenciana superó el fatídico 75%. Los fondos estructurales a ella destinados pasan de 4.400 millones a 2.000. En más de una ocasión Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, ha criticado la actuación de La Moncloa en la materia. Hace unas semanas Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León anunció "acciones conjuntas", al ser dos de las regiones "más perjudicadas".

Desde la consejería de Hacienda de Valencia señalan su esperanza de que "Solbes cumpla al menos con el anuncio que realizó en el Senado de que el Fondo de Cohesión otorgado a España se destine principalmente a las CC. AA. que dejan de ser Objetivo 1 de la UE [como la valenciana], aunque de momento no se ha producido ningún avance en este sentido".

La mesa de negociación es más amplia. Ramón Luís Valcárcel, presidente de la Comunidad de Murcia, ha estado reclamando durante los últimos meses 276 millones de euros adicionales respecto a la compensación otorgada desde Madrid, "para alcanzar los 450 millones prometidos". Y si la mayoría de las comunidades autónomas dirigidas por socialistas han mantenido hasta ahora un tono diferente -Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha no han alcanzado el techo del 75% de la media comunitaria y por eso sufren recortes menos duros-, eso no impide que altos cargos de la Generalitat catalana hayan criticado también el reparto de fondos hecho desde el poder central.

"El Gobierno ha repartido los fondos de manera transparente y según los criterios fijados por el Consejo Europeo", replica Luis Espadas, secretario general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. "Por otra parte, está haciendo, y hará en el futuro, un esfuerzo para atenuar el impacto. Pero el esfuerzo también lo tienen que hacer las CC. AA.".

"Vamos a incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial

[que cuenta para 2007 con 1.200 millones]. La intención es llegar a duplicarlo", prosigue el alto cargo del Gobierno central. "Además, utilizaremos 1.900 millones del fondo de cohesión otorgado a España a fines de reequilibrio regional. De ellos, 811 están destinados a Castilla y León". El objetivo de La Moncloa es compensar a las CC. AA. de manera que los fondos no se reduzcan más de un 50% o de un 33%, según la renta media.

Los presupuestos del Estado prevén para 2007 una subida de un 8,6% para la política infraestructural. Lo cual significa unos 1.700 millones más, una cifra que no cubre el recorte europeo. ¿Quién pondrá el resto?

Mientras se negocia, hay otro desafío, que plantea José Luis González Vallvé, representante de la Comisión Europea en España, cuya importancia pone de acuerdo a los entrevistados: "España ha aprovechado magníficamente los recursos para infraestructuras. Ahora tiene que preguntarse si está preparada para rentabilizar con la misma eficacia los fondos destinados a I+D, que se han convertido en un capitulo muy importante".