El PP exigirá ante los tribunales los contratos deportivos de TV-3

El PP amenazó ayer al director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), Joan Majó, con llevarlo ante los tribunales para que informe del coste de los contratos de las retransmisiones deportivas. En su comparecencia en el Parlamento de Cataluña en la comisión de control de la CCRTV, Majó se negó a informar, alegando cláusula de confidencialidad, del monto de los contratos de las retransmisiones de los partidos de la Liga de fútbol y del circuito de grandes premios de fórmula 1.

Era la primera reunión de la comisión de control de la CCRTV de la nueva legislación del Parlamento de Cataluña y todo transcurrió en tono de cordialidad hasta que, prácticamente al final, el portavoz adjunto del PP preguntó a Joan Majó el motivo por el que la CCRTV ocultaba de forma reiterada información al Parlamento, vulnerando de este modo "un derecho fundamental de los diputados recogido en la Constitución", y le instó a que informara del costé de los contratos de las retransmisiones deportivas de TV-3. Majó alegó en su negativa a dar los datos económicos de los contratos, que calificó de "privados", cláusulas de confidencialidad que le obligan y cuya vulneración comportaría "la pérdida de las retransmisiones la próxima temporada".

Estos mismos argumentos han esgrimido sistemáticamente los directores generales de RTVE (del PP o del PSOE) cuando han sido preguntados en el Congreso de los Diputados por los contratos con las productoras o los sueldos de las estrellas televisivas. Carmen Caffarel, por ejemplo, se escudó en la productora de ¡Mira quién baila! para no informar sobre lo que cobraba Carmen Martínez-Bordiú por su participación en el programa de TVE.

En la época en la que el grupo estatal estaba dirigido por Mónica Ridruejo, RTVE eludió reiteradamente desvelar el sueldo de Ernesto Sáenz de Buruaga, recién nombrado jefe de Informativos de TVE. Hasta que el entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, contó en el Senado el sueldo de Buruaga para confrontarlo con el de otros presentadores del Telediario mejor retribuidos.

"Estrategia empresarial"

En el caso de la CCRTV, el diputado del PP le recordó al director general que TV-3 no es una empresa privada y que debe rendir cuentas a los catalanes, con cuyos impuestos se paga la televisión. Majó se escudó en su reiterada negativa a facilitar los datos en el carácter de sociedad anónima de TV-3. "La ley me dice que debo regirme por el derecho privado, y este tipo de operaciones forman parte de nuestra estrategia empresarial", afirmó. Tras recordarle al director general que no era él quien pagaba, Sirera le amenazó con llevarlo ante los tribunales para obtener los datos y le espetó: "Quién se cree usted que es? No es el director general de una empresa privada, y le pido más respeto hacia los representantes del pueblo de Cataluña".

Tuvo que terciar el presidente de la comisión, Joan Miquel Nadal, de CiU, para apaciguar el enfrentamiento. Nadal informó que solicitaría a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre si las sociedades privadas con capital público tienen derecho de confidencialidad.

Majó sí facilitó las cifras del cierre del presupuesto de 2006, que ascendió a 473 millones de euros, y negó que TV-3 fuera una televisión cara. "Está por debajo de la media de los países europeos con un número de habitantes similar al de Cataluña", aseguró. "Por detrás sólo está Irlanda", afirmó, y añadió que, descontados los ingresos comerciales, el coste por habitante y año de la televisión catalana es de 41,7 euros.