El Gobierno rechaza renovar en abril el convenio con Instituciones Penitenciarias

La colaboración que mantienen el Gobierno y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para la prestación de servicios en las tres cárceles vascas quedará sin cobertura formal a partir de abril. El Ejecutivo decidió el martes denunciar el convenio que renuevan automáticamente cada año ambas administraciones, desde 1994, en protesta por la negativa del Gobierno central a negociar el traspaso de las prisiones. La decisión no tendrá consecuencias de orden práctico, ya que el Gobierno vasco piensa seguir prestando los servicios y pagándolos como ahora.

El Gobierno decidió en su reunión del martes denunciar formalmente el convenio marco en materia penitenciaria que mantiene con la Administración central desde 1994. El Ejecutivo termina así con un periodo de 12 años de prórrogas automáticas de un acuerdo que suscribieron los entonces ministros de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y consejero de Justicia, José Ramón Recalde. En él se estableció el marco por el que la Administración autonómica ha prestado diversos servicios, en seis áreas concretas, en las tres cárceles vascas (Martutene, Nanclares de la Oca y Basauri).

Se trata más de un gesto político que de un acto que tenga consecuencias prácticas, ya que el Ejecutivo autónomo tiene la intención de seguir cubriendo todos los servicios que presta actualmente y costeando su importe, que en estos momentos ronda los cuatro millones de euros anuales.

La decisión, que ayer explicó el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo, supone la respuesta del Gabinete "a la insoportable desidia" y el "silencio como respuesta" del Estado a las peticiones de traspaso de las prisiones.

Azkarraga emplazó al Gobierno central a aclarar "por escrito" su posición y a iniciar conversaciones sobre la transferencia, con la constitución de una ponencia técnica. El Ejecutivo exigió en noviembre de forma directa la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para proceder al traspaso sin más dilación. El consejero puso especial cuidado en precisar que tanto su departamento como los otros tres que también intervienen en la prestación de estos servicios seguirán realizándolos como hasta ahora. Los reclusos "no se verán afectados ni sufrirán menoscabo alguno en la atención que reciben", aseguró.

Desde 1983

El titular de Justicia no dió mayor importancia al hecho de que el convenio que da cobertura formal y legal a la prestación de esos servicios deje de existir a partir de abril. A su juicio, las acciones del Gobierno vasco pueden seguir desarrollándose sin ese marco y así tiene intención de hacerlo, "a no ser que la Administración central nos diga que no lo hagamos", según aclaró después.

En algún momento de la reflexión en el seno del Gobierno se ha barajado la posibilidad de exigir que sea Instituciones Penitenciarias quien corra con los gastos por estos servicios. Así lo aseveró el propio consejero en la nota que leyó en euskera. Sin embargo, finalmente se ha descartado ese proceder y el Gobierno seguirá financiando los servicios, sin exigir nada a la Administración central, según aclaró el propio Azkarraga después, ni pretender recuperarlo por la vía del descuento del Cupo, según recalcaron a este periódico portavoces de Justicia.

Azkarraga ni siquiera hará causa de la pérdida de 408.000 euros, la cantidad de ahora aporta Instituciones Penitenciarias si la desaparición del convenio supusiera la supresión de esa partida.

El titular del departamento situó en 1983 las primeras conversaciones sobre las transferencias penitenciarias, que el Gobierno vasco nunca quiso aceptar en las condiciones en que las asumió la única otra autonomía que posee esa competencia en su Estatuto, Cataluña.

El consejero quiso desmentir a quienes han recordado que el Ejecutivo autonómico durante muchos años nunca puso gran entusiasmo en hacerse cargo de esa transferencia. Apuntó que, por contra, se trata de "una reclamación histórica".

Azkarraga recordó un pronunciamiento del Parlamento en 1987; un informe de transferencias pendientes de 1992; la propuesta de constituir un grupo de trabajo por parte del consejero socialista de Justicia y Trabajo Francisco Egea y la defensa de la transferencia en el Parlamento por su sucesor, José Ramón Recalde.

El Gobierno autónomo no realizó una petición formal al Ejecutivo central hasta febrero de 2001 y la revalidó en una declaración institucional en julio de 2005. En septiembre de 2006 exigió la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias.