La guerra y los periodistas
Santiago Pedraz es un nombre que, desde ahora, los periodistas de todo el mundo deberán recordar. Es el de un juez español que ha tenido el coraje de lanzar, el pasado 16 de enero, una orden de detención internacional contra tres militares estadounidenses -Thomas Gibson, Philip Wolford y Philip De Camp- que el 8 de abril de 2003 mataron en Bagdad de un disparo de tanque al camarógrafo gallego José Couso que se encontraba, junto con decenas de corresponsales extranjeros, en el hotel Palestina cubriendo la ocupación de la capital iraquí por las fuerzas norteamericanas.
La admirable familia de Couso no ha cesado de reclamar justicia. Después de constatar que los hechos no eran perseguidos ni en Irak ni en Estados Unidos, y que hasta organizaciones como Reporteros sin Fronteras aceptaban la muerte de José Couso como "consecuencia normal de una guerra", los familiares del cámara muerto presentaron una querella ante la Audiencia Nacional, que decidió archivar el caso. Sin descorazonarse, la familia acudió entonces al Tribunal Supremo. Éste le acaba de dar la razón, y ha resuelto que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos.
El Supremo fundamentó su decisión en una sentencia dictada en octubre de 2005 por el Tribunal Constitucional, que declaró que la Justicia española tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad, y que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.
En ese marco, el juez instructor Santiago Pedraz ha lanzado una orden internacional de detención y ha solicitado la colaboración de las autoridades estadounidenses para tomar declaración a los tres presuntos asesinos. Pero Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha negado a prestar esa colaboración bajo el pretexto que el Comando Central del Ejército norteamericano ya investigó los hechos y concluyó que el comportamiento de los tanquistas había sido una "respuesta justificada y proporcionada" según las reglas de la guerra.
Insatisfecho con semejante respuesta, el magistrado Santiago Pedraz reclama la extradición de los acusados para que puedan ser juzgados en España.
No es la primera vez que militares norteamericanos matan a un periodista español. Lo hicieron ya, con mayor alevosía, si cabe, en diciembre de 1989, en el marco de una intervención militar, también ilegal, no autorizada por la ONU, en Panamá. Con el propósito de derrocar al presidente Manuel Noriega, quien, como Saddam Hussein, había sido largo tiempo aliado de Washington, abatieron al fotógrafo de EL PAÍS, Juan Antonio Rodríguez.
También en esa ocasión arguyeron que se trataba de una "consecuencia normal de la guerra", cuando sabemos que la consigna de los militares estadounidenses era que no hubiese testigos no controlados, para poder así presentar al mundo una versión aséptica y parcial de una intervención militar que causó varios miles de muertos civiles panameños.
Existen pruebas fehacientes de ataques directos contra órganos de prensa y periodistas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. Por ejemplo, en noviembre de 2001, aviones norteamericanos lanzaron bombas de precisión contra los estudios de Al Jazira en Kabul, reduciéndolos a escombros. Y lo volvieron a hacer en abril de 2003 en Bagdad, causando la muerte del periodista Tarik Ayyub.
En Irak, desde el comienzo de la guerra, el 20 de marzo de 2003, han muerto ya 93 periodistas y 37 asistentes (traductores, chóferes, guías). Varios profesionales de la información, además de José Couso, han sido abatidos por militares norteamericanos. La agencia Reuters, por ejemplo, acusa al Pentágono de ser culpable de la muerte de por lo menos tres de sus periodistas. La guerra no debe ser un pretexto para silenciar la prensa. Por eso la causa de José Couso es la de todos los periodistas.
