Caos en la vivienda

La coincidencia de una intensa oleada de ocupación ilegal de pisos vacíos -incluso de alguno ocupado- en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid, con el anuncio de que algunas comunidades autónomas -Cataluña y Euskadi- consideran la posibilidad de imponer una tasa o canon a las casas desocupadas, ha devuelto al escaparate público el intrincado problema de la vivienda, enfocado esta vez en forma de paradoja: hay más de tres millones de pisos vacíos, a pesar de lo cual el mercado de alquiler languidece y la demanda crece en progresión casi geométrica. El resultado es que se disparan los delitos contra la propiedad inmobiliaria, crece la tensión ciudadana por la falta de recursos policiales y legales para acabar con la ocupación ilegal y aumenta el descontento entre una parte de la población asalariada cuyas rentas procedentes de trabajos precarios no pueden pagar los precios de un mercado que no deja de encarecerse.

Una situación tan potencialmente peligrosa merece un par de reflexiones. La primera es que el recargo sobre las propiedades vacías no resuelve el problema del alquiler, porque no está legalmente tipificado qué es un piso vacío. Si tal naturaleza no está definida después de más de tres años de esfuerzos legales perdidos en el intento, mal se podrán buscar y gravar tales pisos.

Más eficaz es la recomendación de que se modifique la legislación que regula los contratos de alquiler. Cuando los propietarios no se sientan indefensos ante inquilinos que no pagan, destrozos que no se reconocen y contratos que se eternizan, estarán más inclinados a poner sus propiedades en el mercado.

La segunda reflexión tiene que ver con la lamentable descoordinación entre la Administración central y las autonómicas. La cautela que reclama el vicepresidente Solbes, fundada en que el canon plantea "problemas jurídicos y su rentabilidad es reducida", se da de bruces con la avidez normativa de las comunidades autónomas. El caso de las ocupaciones ilegales merece un tratamiento claro y directo. Dado que la propiedad es un bien básico que debe protegerse y que la entrada ilegal en las viviendas amenaza con convertirse en un conflicto grave, debería ponerse en marcha un sistema rápido por el cual los tribunales pudiesen identificar la propiedad de los pisos asaltados y ocupados; y otro igual de rápido para expulsar a los invasores. Es un escándalo que, en una sociedad tan burocratizada e informatizada como la española, los jueces no puedan conocer en unas pocas horas quién es el propietario legítimo de un piso.