El alto tribunal andaluz remite al Supremo el caso de un ex concejal del PP de Granada

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) remitió ayer al Tribunal Supremo la investigación contra el que fuera edil de Urbanismo en la localidad granadina de Ogíjares (12.000 habitantes) y diputado del PP en el Congreso, José Luis del Ojo, por presuntas irregularidades en su gestión. La fiscalía le investiga por la presunta contratación irregular de obras municipales, cuando era concejal, por un importe superior a 300.000 euros, una partida que fue fraccionada en facturas inferiores a 30.000 euros para poder evitar así los controles a los que deben someterse las obras de mayor importe. También se le investiga por supuestas irregularidades en la adjudicación de unas obras.

La fiscalía del alto tribunal andaluz envía la investigación al Supremo al tratarse de una persona aforada por su condición de parlamentario. El escrito del fiscal incluye igualmente al alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, también del PP. La fiscalía ve indicios de prevaricación en estas actuaciones.

Del Ojo dimitió en octubre de 2006 como concejal de Urbanismo de Ogíjares tras conocerse los primeros datos de la irregularidad. El pasado 8 de enero fue destituido como presidente del Comité Electoral del PP en Granada al trascender que había adjudicado la construcción de un pabellón municipal por un millón de euros más de lo aprobado en el pleno del Consistorio. Desde la dirección provincial del PP se defiende que, como todos los asuntos por los que está siendo investigado Del Ojo se circunscriben a política local, no es necesario que dimita de su cargo como diputado.

La fiscalía investiga a Del Ojo en otro caso por el cambio de uso supuestamente irregular de un suelo que debía destinarse a actividades económicas y en el que se están construyendo viviendas. Además, una concejal no adscrita denunció en diciembre ante la fiscalía una supuesta compra de votos en Ogíjares. La edil, Florinda Blanco, ex socia de gobierno, denunció que un edil que no forma parte del gobierno local recibe 30.000 euros al año "por levantar la mano cada dos meses, que es cuando se celebran los plenos".