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Tribuna:

Derecho a la mezquita

El ejercicio de la libertad de culto, tanto a nivel individual como colectivo, es un derecho fundamental garantizado por el pacto constitucional. De acuerdo con la Constitución este derecho debe ejercerse con dignidad. Esto es lo que reclaman aquellos musulmanes y quienes no siéndolo se solidarizan con ellos en su petición de tener un lugar de culto en condiciones en Badalona. Sin embargo, una parte de sus conciudadanos, organizados en torno a una plataforma denominada No a la Mezquita en Terreno Público, piden que el Ayuntamiento revoque su decisión de ceder suelo público para construir una mezquita. Además, el Partido Popular de esta localidad ha alentado profusamente este rechazo. Ante esta situación propongo una reflexión sobre el significado de estos hechos, por el riesgo que comporta no escuchar atentamente y comprender su alcance más allá de la anécdota.

Los dirigentes políticos deben promover valores de convivencia ordenada sobre el respeto y la tolerancia

La primera cuestión de esta reflexión está relacionada con el número importante de firmas recogidas contra la cesión de suelo público para esta mezquita. Quienes otorgan su firma contra el ejercicio de este derecho constitucional manifiestan un malestar. Si es así, es que algo se ha hecho mal en el ámbito del espacio público. La existencia de este amplio sentimiento de rechazo debe preocupar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir la cosa pública. Ellos deben analizar qué elementos se esconden tras este malestar, pues tras él se podrían enmascarar más cuestiones que la simple negativa a la cesión de suelo público por parte de la Corporación local para la edificación de una mezquita.

Otra cuestión importante es analizar la responsabilidad política y ética de quienes han alentado esta protesta. Alentar la hostilidad de una parte de la población hacia un grupo de conciudadanos es como desbocar un caballo y luego pretender saber a dónde se dirigirá. La convivencia cívica no puede construirse sobre la desconfianza y el temor de unos contra otros. En este sentido, movilizar los miedos ancestrales de las personas puede dar buenos réditos políticos a corto plazo, o así pueden creerlo sus promotores, pero a medio y a largo plazo es un ejercicio muy peligroso. Es peligroso estimular reacciones mixofóbicas, porque luego nadie puede garantizar la capacidad de recomponer la convivencia sobre la base del respeto. Junto a decisiones políticas relacionadas con las políticas de inmigración y urbanismo, los dirigentes políticos deben también saber promover los valores de la convivencia cívica ordenada sobre el respeto y la tolerancia. Algo que los dirigentes del Partido Popular en Badalona, a diferencia de lo que otros responsables de su propio partido sí han sabido hacer en otros lugares, parecen no querer aplicar aquí.

La aceptación de la diferencia es uno de los pilares básicos de toda sociedad plural y diversa. Dentro de esta diversidad, el hecho religioso es un elemento clave. La religión es para muchos de nuestros ciudadanos, y de modo especial para bastantes de los nuevos inmigrantes, un elemento que aporta significación e identidad. Es por este motivo que es justo ofrecer espacio público para construir lugares de culto a fin de vivir y expresar su fe de acuerdo con el derecho básico a la libertad religiosa. La Constitución es la mayor garantía de esta libertad, la cual está regulada como derecho por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El mandato constitucional obliga a los poderes públicos a hacer posible su cumplimiento. Hay varios ejemplos de cómo las administraciones públicas contribuyen activamente al desarrollo de este derecho. Al margen de otras consideraciones relacionadas con el valor social positivo de los lugares de culto -lo cual por sí solo avalaría la decisión política del Ayuntamiento de Badalona- está totalmente justificada la decisión del Consistorio de ceder suelo público para la construcción de un lugar de culto. El Ayuntamiento de Badalona, en este tema, ha tomado una decisión justa y adecuada.

Cualquier persona puede manifestar su discrepancia sincera de estos criterios. Este juicio no vale, en este caso, para quienes tienen la responsabilidad de dirigir la sociedad. Los dirigentes políticos deben ser más cautos, si cabe, en la agitación de los miedos ancestrales de las personas o en herir sus identidades. Porque así, en lugar de hacer desde la política pedagogía de la convivencia cívica, se agitan los odios, se hieren los corazones y se alimentan los recelos, lo cual sólo conduce a romper la convivencia ciudadana y destruye esperanzas de futuro.

Jordi López Camps es ex director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de enero de 2007