El 'caso Mercalicante' está pendiente del interrogatorio a un futbolista rumano

El sumario del caso Mercalicante -un desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa agroalimentaria pública- sigue abierto cinco años después de destaparse las irregularidades contables, en julio de 2002 cuando el consejo de administración destituyó al gerente de la entidad, José Emilio Clavero. El ex directivo es el primer acusado de la lista de 15 imputados, entre los que también se encuentra el alcalde de Alicante y presidente del consejo de administración, Luis Díaz Alperi. La instrucción de la causa está pendiente del interrogatorio al futbolista rumano Cosmin Marius Contra.

La acusación popular sostiene que el sumario está suficientemente instruido

Poco antes de trascender el escándalo financiero, el futbolista rumano compró un ático, sito en la avenida Diagonal de Barcelona, que era propiedad de Clavero. La diligencia pretende delimitar si la operación se enmarca en la estrategia del ex gerente de simular su insolvencia económica. Clavero fue arrestado en septiembre de 2002 como principal acusado del desfalco. Precisamente, la práctica de una prueba testifical solicitada por el abogado de Mercalicante en relación con el trasiego del patrimonio del ex directivo de la firma es la causa del nuevo parón de la instrucción. La juez que dirige la investigación, Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, está pendiente de tomar declaración, en calidad de testigo, a Cosmin Marius Contra, en la actualidad en la plantilla del Getafe. El defensa internacional rumano compró un ático propiedad al ex gerente. La lujosa vivienda de Barcelona, que está valorada en 340.000 euros, había sido adquirida por Clavero meses antes de estallar el escándalo financiero. La magistrada ha cursado un exhorto a un juzgado de la localidad madrileña de Majadahonda para que tome declaración al futbolista el próximo día 5 de febrero.

La defensa de Mercalicante persigue probar que ex directivo de la entidad ideó una trama, meses antes de descubrirse el agujero en la empresa pública, para simular su insolvencia económica y eludir así su responsabilidad a la hora de afrontar una hipotética indemnización que fijen los tribunales. También en esas fechas previas a su destitución como gerente, Clavero pactó la declaración de bienes con su mujer, y transfirió diversas cantidades, que la policía judicial aún no ha precisado, a cuentas corrientes de su madre.

El escándalo por el supuesto desfalco de Mercalicante trascendió a la opinión pública en julio de 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades contables en la firma pública entre los ejercicios de 1999 y 2001. Entonces, el consejo de administración de la entidad, presidido por el alcalde Luis Díaz Alperi, destituyó al gerente de la empresa, José Emilio Clavero, como primer responsable de la quiebra contable. Dos meses, más tarde, el fiscal, a raíz de una denuncia de un vecino, arrestó a Clavero. María Cristina Costa, la juez le imputó, entre otros, los delitos de apropiación indebida y estafa, y acordó su libertad provisional. Entre 1999 y 2001, la empresa construyó nuevas naves frigoríficas y un sistema de venta electrónico. La investigación judicial constató, más adelante, que ambos proyectos fueron la tapadera para ejecutar el desfalco.

Tras la imputación de Clavero y, a raíz de una querella presentada por el PSPV, la magistrada amplió la acusación a los representantes del comité ejecutivo -máximo órgano del control de la firma por encima incluso del consejo de administración- El ente estaba integrado por el alcalde, el también edil del PP, Juan Zaragoza, y el ex edil del PP y, ahora, director de la Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, y dos representantes del socio del Ayuntamiento la mercantil Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Precisamente, los recursos presentados por las partes a raíz de la imputación del alcalde han motivado los mayores retrasos en la instrucción de la causa. El juzgado tardó 10 meses en tramitar una apelación del PSPV a la Audiencia de Alicante.

La acusación popular sigue manteniendo que el sumario está ya "suficientemente" instruido y pide la apertura de juicio oral y de esta forma poder delimitar los procesados. Esa parte y la acusación pública que ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante mantendrán las imputaciones hasta el cierre del sumario, salvo que la juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.