La Xunta limita a dos años la prohibición de construir a menos de 500 metros del mar

La paralización de las construcciones a menos de 500 metros del mar contará con un horizonte temporal: dos años, contados a partir de que entre en vigor la futura ley de medidas urgentes de ordenación del territorio. La conselleira María José Caride anunció ayer esta modificación del proyecto, que recoge parcialmente las peticiones formuladas por la patronal y la federación de ayuntamientos de Galicia. "La limitación pretende poner de manifiesto que estamos ante una medida cautelar y de carácter temporal", explicó la titular de Política Territorial.

La conselleira anunció ayer las principales novedades introducidas en el borrador de la ley desde que fue presentado, a finales de noviembre, entre las que destaca la limitación temporal de la prohibición de desarrollar suelo a menos de 500 metros del mar. A petición de la Confederación de Empresarios de Galicia y de la Federación Galega de Municipios e Provincias, la medida no será definitiva, sino que se reducirá a dos años prorrogables a un tercero por el Consello de la Xunta. De esta manera, se evita que un eventual retraso en el Plan Territorial Integrado del Litoral deje a los ayuntamientos costeros sin posibilidades de construir en la costa de forma indefinida.

Política Territorial espera no agotar el plazo de dos años, ya que la suspensión de construir en la franja litoral quedará sin efecto en cuanto los ayuntamientos afectados adapten sus planes generales a la Ley del Suelo, lo que introducirá garantías de sostenibilidad en esas zonas, o en el momento en que la Xunta apruebe el citado Plan del Litoral, que detallará el nivel de protección a lo largo de toda la costa de Galicia. En el caso de que se retrasen los planeamientos municipales y el proyecto de la Xunta para garantizar la protección de la costa, la limitación a dos años se haría efectiva.

Otra de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de ley permitirá a la consellería suspender licencias en las zonas afectadas por el Plan del Litoral en cuando lo apruebe el Consello de la Xunta. Se trata de un cambio en la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia, del año 1995, por el que los instrumentos urbanísticos que desarrolle la Xunta tendrán el mismo carácter que un Plan General de un ayuntamiento, y conllevarán por lo tanto la suspensión cautelar de licencias. Así, la simple aprobación del Plan del Litoral paralizará el desarrollo de suelos urbanizables en los municipios costeros.

La suspensión cautelar en la franja de 500 metros afecta a todos los suelos no consolidados o urbanizables de los ayuntamientos que no han adaptado su planeamiento a la Ley del Suelo. Ninguno de los 87 municipios costeros de Galicia ha acomodado sus planes urbanísticos a esa ley, por lo que a todos ellos se les prohibirá conceder licencias o desarrollar polígonos en cuanto entren en vigor las medidas urgentes. El anteproyecto ya ha sido consultado con distintos agentes sociales y está a estudio en el Consello Económico e Social de Galicia. María José Caride confió en que la Xunta lo apruebe este mismo mes y lo traslade al Parlamento en febrero, para que lo tramite por la vía de urgencia. De esa manera, la ley entraría en vigor antes del verano.

Vivienda protegida

Las modificaciones en el proyecto, por otra parte, permitirán agilizar la promoción de vivienda protegida en los ayuntamientos de Galicia. Con ese objetivo, la protección pública residencial se considerará un motivo para que la Xunta pueda declarar la incidencia supramunicipal de un proyecto y desarrolle un plan sectorial, al igual que ya ocurre con hospitales o infraestructuras de comunicación. Esta facultad permitiría a la Consellería de Política Territorial desarrollar actuaciones de vivienda protegida incluso en contra del criterio de los ayuntamientos afectados, aunque Caride matizó que la medida está pensada para actuar de forma coordinada con las administraciones locales.

Política Territorial también ha decidido limitar a un mes el tiempo de que dispondrá la Consellería de Medio Ambiente para redactar la memoria ambiental de los planes urbanísticos que presenten los ayuntamientos. Si el departamento que dirige Manuel Vázquez no responde dentro de ese plazo, se entenderá que da su consentimiento al proyecto municipal. La medida pretende agilizar la exigencia de memoria ambiental en los planes urbanísticos que entró en vigor en 2006.