Con plomo en las alas

Las vacaciones de Navidad se han convertido en una broma pesada para miles de personas, muchas de ellas inmigrantes que llevaban años sin volver a su país, sin abrazar a sus hijos, padres y hermanos. El escándalo de Air Madrid, que estalló a mediados de diciembre pero coleaba desde el pasado verano, dejó a unos 130.000 viajeros en tierra y ha sido la última gran crisis empresarial del año. Una crisis en la que ha intervenido el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, por su magnitud y por la alarma social creada y que en los próximos meses pasará por la mesa de dos jueces distintos: uno resolverá sobre la suspensión de pagos de la compañía, presentada el 21 de diciembre ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, y otro que investigará los posibles delitos de fraude y estafa de los gestores.

No es la única empresa que ha tenido problemas en 2006. Según el Baremo concursal de PricewaterhouseCoopers, hasta el 30 de noviembre se iniciaron 814 concursos -el procedimiento a través del cual se resuelven ahora las antiguas quiebras y suspensiones de pagos-, siete menos que en el mismo periodo del año anterior. Los autores de esta estadística calculan que el año se cerrará como 2005, con unos mil concursos abiertos.

En esta estadística no aparece todavía la aerolínea que preside José Luis Carrillo, ya que no ha sido publicada todavía en el Boletín Oficial del Estado, que es el paso obligado para que se dé por iniciado el procedimiento concursal. Sí están contabilizados otros casos sonados como Afinsa y Fórum Filatélico, las sociedades de inversión en sellos que atrajeron a miles de inversores con promesas de rentabilidades cuantiosas. O la valenciana Sáez Merino -fabricante de los tejanos Lois, Cimarrón, Caroche y Caster-, que tras medio siglo de actividad anunció en marzo el cierre de sus cuatro fábricas y en mayo despidió a casi la mitad de la plantilla (427 trabajadores). Y las menos conocidas Diemen, que fabrica componentes electrónicos, y Domar (antigua NewPol).

La viabilidad de todas estas empresas dependerá de su correspondiente proceso concursal. Este procedimiento se instauró en 2004 y sustituye a los antiguos de suspensión de pagos y quiebra. Es decir, que ya da igual si la empresa tiene o no activos suficientes para hacer frente a sus deudas. Todas siguen el mismo camino, en teoría más corto que el procedimiento antiguo.

"En la práctica no está siendo más ágil", señala Enrique Bujidos, de PricewaterhouseCoopers. Y pone como ejemplo un concurso en el que interviene su firma que se abrió en diciembre y se acaba de cerrar, cuando la ley estipula un plazo de cuatro meses para su solución.

Hay varias razones que explican esta situación, según este experto. La primera, el atasco judicial, que también afecta a los nuevos juzgados de lo mercantil (se crearon 37 con la nueva ley). Pero también que los casos tardan en publicarse en el BOE "a veces hasta dos meses". Air Madrid engrosará la estadística del año 2007.