Los alcaldes suspenden la ley 'antibotellón'

La conocida ley antibotellón entró en vigor a principios de diciembre, semanas después de que la aprobara el Parlamento andaluz con los únicos votos a favor del PSOE. Tres alcaldes de capitales de provincia -Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), regidor de Sevilla; Teófila Martínez (PP), alcaldesa de Cádiz; Rosa Aguilar (IU), primera edil de Córdoba- debaten a iniciativa de EL PAÍS sobre esta discutida norma. Todos coincidieron en destacar las "numerosas" carencias de esta ley.

Pregunta. ¿Cómo valoran la ley antibotellón?

Alfredo Sánchez Monteseirín. Esta ley es consecuencia de una demanda de los vecinos que querían que se hiciera más de lo que se estaba haciendo, que no era poco, por parte de los ayuntamientos y, por tanto, una demanda de los propios alcaldes en atención a los que nos decían los policías locales para tener mejores instrumentos para poder afrontar este fenómeno. La ley es una respuesta a una demanda que viene de abajo a arriba, y no al revés.

Teófila Martínez: "La ley frustra muchas expectativas de los alcaldes"

Sánchez Monteseirín: "Es hipócrita pretender que la ley resuelva este fenómeno"

Rosa Aguilar: "Es una oportunidad perdida. Nos transfieren el problema sin recursos"

Rosa Aguilar. Mi impresión es totalmente distinta porque creo que se ha perdido una oportunidad. Necesitábamos una ley que regulara una realidad desde un punto de vista no sancionador y coercitivo, sino que diera respuesta a lo que necesitamos los alcaldes: conjugar derechos, de los vecinos al descanso y de los jóvenes al ocio. Desde esa perspectiva se ha perdido una oportunidad para hacer una ley de consenso, en el que participaran activamente los ayuntamientos y los vecinos y jóvenes vieran reflejada su voz. Sin embargo, tenemos una ley con 12 de sus 16 artículos de contenido sancionador. Es pasarnos la pelota a los ayuntamientos sin más, dejarnos el problema en nuestras manos y decirnos: apañárosla como podáis y sancionar.

Teófila Martínez. Es una ley que, con el tiempo, va a demostrar que va a frustrar muchas expectativas de los alcaldes. Es un parche porque no regula ni trata ni afronta este fenómeno de manera integral. Es como querer solucionar un problema de gran envergadura con determinados parches. Lo más llamativo de esta ley es la exposición de motivos, ahí os quedáis, os damos una ley para que los ayuntamientos tengáis la posibilidad de sancionar, pero absolutamente nada más. Así, con esta ley, seguimos en la hipocresía ante un fenómeno que hay que regular de manera integral. No va a tener la incidencia que debería haber tenido.

R. A. Como casi siempre, nos transfieren los problemas pero nunca los recursos y los dineros.

A. S. M. En eso estoy de acuerdo. El legislador lo que hace es poner sobre las espaldas de los ayuntamientos una serie de responsabilidades ante este fenómeno, que no son las más propias de los ayuntamientos, como son las sancionadoras. A los municipios les corresponde más la labor educativa, cultural, preventiva y mucho menos la represión de los efectos indebidos. Con todo, tampoco podemos pretender que la ley resuelva este fenómeno como problema. Eso sí sería hipócrita. Hay muchos aspectos que la ley no regula y que debiera hacer la propia sociedad en su conjunto. Como alcalde, padre y médico, no me conformo únicamente con que el fenómeno no moleste, sino que se analice lo dañino que es el consumo masivo de alcohol. La ley no ha pretendido esa perspectiva integral.

R. A. La ley tiene otro fondo que no me gusta nada: desconfía totalmente de los jóvenes. Yo confío en ellos y hoy hay una cultura de diversión que genera problemas que la ley no la aborda de manera global, no es un instrumento válido si sólo va a sancionar una conducta. La Junta ha querido quitarse un problema de encima para que los ayuntamientos sancionemos a los jóvenes de nuestras propias ciudades. En este sentido, esta ley es una equivocación. Me preocupa que los jóvenes beban un montón, tomen otras sustancias y que los municipios tengan recursos. La ley no puede regular al cien por cien, pero debe ser un instrumento útil y éste no es el caso.

T. M. No hubiera costado nada después de tanto tiempo haber contemplado algunos aspectos más. No era suficiente buscar el equilibrio entre el ocio y el descanso. Entonces, ¿no nos preocupa nada que entre dos jóvenes de 16 años se tomen una media de una botella de whisky, ron o ginebra? ¿No nos preocupan los actos violentos de unos pocos? Estamos en un diálogo de sordos.

A. S. M. Tal y como se planteó la ley, busca conjugar ocio y descanso. Quiero ser pragmático y creo que nosotros hemos solucionado en parte este asunto. La mayoría de los jóvenes han entendido la ley, pueden divertirse pero sin molestar al vecindario. ¿Ahí se acaba el asunto? Evidentemente no.

R. A. Ésta no es la ley que nosotros pedíamos. Era mucho más ambiciosa. Integral con todas las manifestaciones del fenómeno. Queríamos dar respuesta más allá de un lugar donde aparcar a los jóvenes en el espacio. Los jóvenes no son el problema. Con ellos debemos construir las respuestas con la participación de todas las administraciones. La sanción no es la solución. Puntualmente, hay que sancionar a personas que puedan violentar la convivencia, pero la respuesta debe ser integral para nuestros jóvenes, que son nuestros y no llegados en naves espaciales.

T. M. Esta claro que necesitábamos una respuesta integral. Y no esta ley, que ni siquiera articula la colaboración obligatoria y necesaria de la Junta. La financiación no puede estar en el aire.