De guerra en guerra

La contienda política con el agua como telón de fondo no cesa. El Consell está enfrascado en la guerra del agua desde que el Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro. Más recientemente, el motivo ha sido el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó: algunos regantes de Alicante se alinearon con las tesis del Consell de Francisco Camps, del PP, que se enfrentó con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Un frente que los populares han abandonado después de que la Junta Central de Regantes haya reiterado, en una carta remitida al Ministerio de Medio Ambiente, su disposición a "dialogar" y "trabajar con rigor" para alcanzar los caudales previstos por la Unión Europea, que ha financiado la obra con 120 millones de euros. Los regantes además anuncian una "colaboración leal" con la Administración.

En vista de ello, el Consell ha abierto un frente alternativo, también con el agua como hilo conductor, a cuenta de la construcción de una desalinizadora en Torrevieja. El Consell anunció ayer que va a pedir a la UE que suspenda cautelarmente el proyecto hasta que Bruselas resuelva la denuncia que tiene intención de presentar contra el Gobierno de Zapatero por una supuesta infracción del derecho comunitario. Una denuncia, que aún no se ha presentado y que estaría motivada en el principio de precaución amparado en los tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza.

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, situó esta desalinizadora como "el siguiente objetivo del Consell en su línea de obstrucción" al Gobierno central. "Si quieren seguir sin hacer nada, que sigan, pero al menos que no obstaculicen", pidió Bernabé. El PSPV dijo en una nota que la postura de Camps "evidencia el egoísmo político de quien gobierna desde la crispación". El ministerio de Medio Ambiente aseguró que la instalación cumple con la normativa y acusó al Consell de "difundir informaciones falsas para generar polémica partidista".