La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide al juez que investigue a Air Madrid por estafa

El caso de Air Madrid ha pasado a los tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Juan del Olmo que investigue si la aerolínea cometió un fraude masivo en la venta de billetes, "con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", de acuerdo a la denuncia que hizo la organización de consumidores OCU. El Ministerio de Fomento también estudia denunciar por la vía penal a los administradores de la compañía. La ministra Magdalena Álvarez aseguró que con el PP se inspeccionaban tres vuelos al año y ahora se controlan casi 900.

El conflicto surgido por la suspensión de actividades de Air Madrid el pasado día 15 ha pasado del ámbito administrativo al penal. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, pidió ayer al juez central de Instrucción de la Audiencia Nacional Juan del Olmo que admita a trámite la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los presuntos delitos de estafa y fraude masivo contra los consumidores.

El fiscal entiende que, según la denuncia, pueden derivarse responsabilidades penales, porque Air Madrid siguió vendiendo billetes "con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", mediante "alegaciones y afirmaciones presuntamente falsas y sin posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos con la venta de billetes".

La Fiscalía solicita al juez que pida al Ministerio de Fomento una copia del expediente abierto a la compañía y de las reclamaciones presentadas contra ella, así como que la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General de Policía Judicial realice un informe sobre la entidad e identifique a su jefe de marketing.

Si se admite a trámite la denuncia, el juez interrogará a los responsables de la compañía en calidad de testigos o imputados, en función de su grado de implicación en los hechos delictivos.

Pero no es la única vía judicial abierta. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció ayer que los abogados del Estado preparan una querella por la vía penal contra los administradores de Air Madrid, con su presidente y máximo accionista, Jesús Carrillo, a la cabeza.

La ministra indicó también que ha abierto un expediente de liquidación de gastos para que la aerolínea abone los 6,5 millones de euros que ha costado el operativo humanitario que ha permitido que fueran trasladados 5.772 afectados que tenían previsto realizar su viaje entre los días 15 y 21 de este mes.

Asimismo, el ministerio ha abierto a la aerolínea expedientes sancionadores por incumplir sus responsabilidades que pueden derivarse en multas de hasta 4,5 millones de euros. Dicho importe podría destinarse a las indemnizaciones con que Air Madrid debe compensar a los viajeros afectados.

La ministra, que compareció en el Congreso de los Diputados, defendió la gestión de su departamento en la crisis de Air Madrid y, en particular, la retirada de la licencia de vuelo el pasado 16 de diciembre por razones de seguridad.

La ministra se defendió de las críticas del Partido Popular sobre las deficiencias en las inspecciones de aviones y puso encima de la mesa un dato: en 2003, bajo el Gobierno popular, se hicieron sólo tres inspecciones, frente a las casi 900 que se van a realizar este año. En este sentido, adelantó que su departamento tendrá "tolerancia cero" en materia de seguridad aérea, y apuntó que el número de técnicos de inspección (no existe el cuerpo de inspectores como tal) ha aumentado en un 85% desde que gobierna el PSOE.

Estrecha vigilancia

La ministra indicó que desde el comienzo de la actividad de Air Madrid se la sometió a vigilancia como prueba el hecho de que de los 95 expedientes abiertos en el sector aéreo español en los últimos dos años, el 33% corresponden a la aerolínea madrileña, y de estos 21, los últimos 15 han sido instruidos en 2006.

Álvarez enfatizó que, pese a ser conscientes de las fechas navideñas, en aras a la seguridad de los pasajeros, se tomó la decisión de retirarle la licencia a Air Madrid, una medida adoptada por primera vez en la aviación española, pero que han llevado a cabo 10 países este año.

Panamá ha sido el último país en sumarse a las reclamaciones de los pasajeros afectados. La Autoridad Aeronáutica Civil está "actuando administrativamente contra la empresa aérea en protección de los pasajeros tomando en cuenta las responsabilidades de la compañía", informa Efe.

"Tolerancia cero" para las aerolíneas en materia de seguridad

El Ministerio de Fomento presentará una demanda penal contra Air Madrid