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Urbanismo

La Junta mantiene intocable el plan de la Costa del Sol rechazado por alcaldes y empresarios

Nueve recursos se han presentado contra el plan de ordenación, dos de ellos de municipios

La cascada de recursos presentados contra el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental no va a forzar ningún cambio de planes de la Junta, que sigue considerando que se trata del instrumento válido para poner orden en la expansión urbanística de la zona y entiende que todas las impugnaciones obedecen a intereses particulares "frente al interés general de reservar espacios verdes y libres". Hasta el momento, los alcaldes de Mijas y Estepona, ambos del PSOE, la asociación empresarial Promotur, y seis particulares han impugnado el POT en los tribunales.

"Nuestra respuesta será la defensa jurídica que corresponda en los recursos contenciosos-administrativos", asegura La Consejería de Obras Públicas.

La titular de este departamento, Concha Gutiérrez del Castillo, resta importancia a los recursos y no considera que exista una rebelión contra el POT diseñado por la Junta. "Debe primar el interés general, el plan protege zonas muy sensibles para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible, nosotros tenemos una visión global del territorio, y hay propietarios que pueden verse afectados particularmente que quieren construir en sitios delicados donde se generan problemas", explica, y recuerda que los recursos, incluidos los de los alcaldes de Mijas y de Estepona, se corresponden con temas muy puntuales, como los mismos ediles reconocen.

La Junta aspira a que el POT invierta el modelo de desarrollo urbanístico de la Costa del Sol, , poniendo fin a la ocupación intensiva del territorio, y procure espacios libres, valores ambientales y equipamientos para que la zona gane calidad.

Gutiérrez del Castillo insiste en que el momento del debate ya concluyó -el plan fue sometido en dos ocasiones a información pública hasta- con su aprobación por parte del Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, y que lo que toca ahora es aplicarlo. "Estamos poniendo en marcha ya los proyectos d einfraestructuras que permitan la articulación y el crecimiento de este territorio para superar los estrangulamientos que padece".

En materia de infraestructuras públicas, el POT contempla 4.300 millones de euros en nuevas infraestructuras, principalmente el corredor ferroviario, una nueva malla de carreteras entre la A-7 y la antigua N-340 y obras de abastecimiento (desaladoras) y depuración de aguas.

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La mayoría de los recursos presentados son de empresas y particulares que ven afectados algunos proyectos usbanísticos. También ha recurrido la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo (Promotur), que principalmente alega cuestiones de procedimiento (una memoria económica poco justificada y falta de estudio de impacto ambiental". La asociación se queja de "prisas" de la Junta en el POT y llega a acusarla de "haber roto el clima de concertación social".

Vista aérea de la localidad constasoleña de Mijas.
Vista aérea de la localidad constasoleña de Mijas.JULIÁN ROJAS

Mijas discute la ubicación de un parque empresarial

En la comisión de redacción del POT de la Costa del Sol Occidental, los tres alcaldes socialistas de los nueve municipios afectados (Mijas, Estepona y Ojén) votaron en contra del documento. Los dos primeros han llevado más lejos su rechazo al plan y, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, han presentado sendos recursos contenciosos-administrativos.

En el caso de Mijas, el motivo es muy concreto: el parque empresarial. El consistorio había proyectado éste sobre 1.250.000 metros cuadrados en un espacio que el POT ha considerado inapropiado por las fuertes pendientes de la zona, por lo que la ha preservado de ningún tipo de urbanización -los planes territoriales no califican suelo, pero determinan reservas estratégicas donde no se puede construir-. El POT propone una ubicación alternativa, pero el problema es que el Ayuntamiento de Mijas ya había comprado el suelo con dinero aportado por empresarios interesados en el proyecto.

El alcalde de Mijas, Agustín Moreno, insiste en que está de acuerdo con los contenidos básicos del POT, que considera un instrumento "adecuado", pero entiende que en este caso concreto hay un perjuicio para su municipio. El POT también impide una urbanización junto a un campo de golf que autorizó el consistorio.

Barrientos defiende los diseminados rurales como núcleos urbanos

"No hay ninguna rebelión contra el POT, que comparto total y absolutamente, es un documento necesario e imprescindible y tiene la valentía política de poner freno al crecimiento desorbitado y anárquico de los últimos años y prever los equipamientos necesarios". Pese a tan vehemente consideración, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ha presentado sendos recursos contra el POT de la Costa del Sol, un requerimiento ante la Consejería de Obras Públicas, y un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como su compañero de MIjas.

Barrientos se ha alineado con los propietarios de unos 600 diseminados rurales ubicados en un espacio que el POT mantiene protegido para que no se convierta en una urbanización. Pero los propietarios y el alcalde quieren que este espacio se considere suelo urbano no consolidado, lo que permitiría las parcelaciones y nuevas construcciones.

Según Barrientos, la zona tiene las mismas circunstancias morfológicas, paisajísticas y urbanísticas que terrenos contiguos que son urbanos.

La consejería sostiene que el Ayuntamiento es quien debe regulrizar la situación de estos diseminados en su plan urbanístico un un sistema de compensaciones, pero Barrientos dice que no tiene "garantías suficientes" de que podrá hacerlo.

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