La Xunta retira el canon por fuegos ante la presión de los propietarios

El Gobierno gallego no impondrá finalmente una tasa para repercutir parte de los costes derivados de la extinción del fuego a los propietarios que descuiden sus montes. El canon, anunciado por Alfredo Suárez Canal antes del verano, no será incluido en el proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios que sí mantiene, frente a los alcaldes, que las brigadas municipales pasarán a ser controladas por la Xunta de Galicia.

Estaba en el proyecto previo, pero la Consellería de Medio Rural ha decidido retirar de la futura ley contra incendios la tasa que pretendía cobrar a los dueños de los montes descuidados, cuyo mal estado fuese determinante en el origen o el avance de las llamas, allí donde se produzcan los fuegos.

Aunque el conselleiro Suárez Canal había deslizado en distintas comparecencias desde el mes de mayo la idea de aplicar el impuesto en el futuro, el rechazo de las asociaciones de propietarios ha hecho cambiar de opinión a los responsables de Medio Rural. Ayer, después de reunirse con la Asociación Forestal de Galicia, la Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común y Promagal, el director general de Montes, Alberte Blanco, reconoció que su departamento hará una "revisión profunda de ese concepto y aunque la decisión no está tomada, será un cambio totalmente en la línea que piden los propietarios.

Y lo que demandan los propietarios de las tierras es que la Administración no penalice a los dueños de los montes que ya han sufrido el castigo de ver arder sus tierras. Pese a que el director general y el conselleiro Suárez Canal estaban convencidos de la bondad de la propuesta ahora retirada, y de que la Xunta pretendía poner a disposición de los pequeños propietarios medios para mantener sus fincas ordenadas, Blanco precisó que "aun sin la tasa, [la Xunta] dispone de elementos de coerción suficientes para aquellos que no quieran contribuir al bienestar del conjunto de la población". El director general se refiere al sistema de sanciones incluidas en el Plan Infoga que hasta el momento había sido aplicado de forma muy laxa por el Ejecutivo autónomo.

El paso atrás de la consellería busca alcanzar el mayor consenso posible para sacar adelante una ley de "largo recorrido" que sus responsables consideran vital para que no se repitan veranos como el de este año. Blanco explicó que la futura ley "afecta a dos millones de hectáreas forestales, el 70% prácticamente de la superficie del país" para actuar primero "en las zonas de alto riesgo y luego ir avanzando de forma generalizada y escalonada hasta alcanzar el resto del territorio".

Brigadas de la Xunta

El borrador del texto que prepara el Gobierno gallego sí mantiene otro de los aspectos controvertidos que Medio Rural pretende incluir en la futura ley. El texto provisional establece que los 3.000 operarios de las brigadas (actualmente en manos de los ayuntamientos) pasarán a estar contratados por la Xunta de Galicia, pese a la oposición de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Blanco explicó que la decisión pretende corregir las disfunciones del operativo de extinción detectadas el pasado verano, cuando algunas de las cuadrillas contra el fuego obedecieron antes las órdenes de sus alcaldes que al mando único en manos de la dirección general de Montes. El titular del departamento argumentó que la decisión se adoptó por criterios técnicos y pidió a los alcaldes que saquen esas cuestiones del debate político. "Si todos estamos de acuerdo en que el modelo de este tipo de brigadas no es el más adecuado para una mayor eficacia del dispositivo, hay que tomar medidas para garantizar su buen funcionamiento, aplicando una visión exclusivamente técnica del problema", dijo.

Blanco aseguró que la consellería seguirá manteniendo reuniones con los alcaldes para conseguir que la ley de prevención de los fuegos sea aprobada con el consenso de todo el sector.