La caótica tramitación parlamentaria de la Ley del Menor obliga a revisar casos de jóvenes presos

La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley del Menor, cuyo proyecto aprobó el Gobierno socialista en enero de 2006, fue lenta y caótica, lo que al final ha provocado que durante el periodo comprendido entre el próximo 1 de enero y el 4 de febrero haya que revisar algunos -muy pocos, según el Ministerio de Justicia- de los 800 casos de internos preventivos en cárceles españolas de entre 18 y 21 años para aplicarles una legislación más beneficiosa para ellos aprobada a iniciativa del Gobierno del PP en 2000.

Esa legislación ha quedado derogada, pero los efectos de esa derogación no se producirán hasta el 4 de febrero, cuando entra en vigor la reforma. La legislación de 2000 ampliaba el trato judicial que se daba a los condenados con edad inferior a los 18 años -que no pueden ingresar en la cárcel, sino en un centro de menores- a los jóvenes de hasta 21 años.

El Gobierno socialista, en su proyecto de ley, establecía expresamente la derogación de una disposición transitoria que se incluyó en la norma impulsada por el Ejecutivo de José María Aznar por la que a partir del 1 de enero de 2007 se extendía a los jóvenes de entre 18 y 21 el tratamiento jurídico dado a los menores.

El PSOE, debido a los equilibrios que mantiene en el Congreso de los Diputados donde carece de mayoría absoluta, aceptó eliminar del texto remitido por el Gobierno la derogación de la disposición transitoria de la Ley de 2000 que impulsó el Ejecutivo del PP. Con esa decisión todo quedaba como antes, de manera que a partir del 1 de enero de 2007 los jóvenes de 18 a 21 años pasaban a depender judicialmente de esa Ley del Menor aprobada en 2000.

Votación en pleno

En el Senado, el PSOE estaba dispuesto a mantener el texto que había salido del Congreso de los Diputados con el acuerdo de los distintos grupos parlamentarios, pero la oposición de muchos Gobiernos autónomos que se encargan de los centros de menores, entre ellos también los Ejecutivos del PP, hizo que a última hora los senadores populares y los de ERC de Cataluña presentasen sendas enmiendas para recuperar el texto remitido por el Gobierno socialista en un primer momento al Congreso, donde se preveía la derogación de la controvertida disposición transitoria de la Ley de 2000.

Esas enmiendas fueron votadas y aprobadas en comisión y en pleno -aunque el PP se opuso a votar a favor del dictamen completo del texto pese a que llevaba su propia enmienda-. Pero a los proponentes se les olvidó precisar en su enmienda que la derogación de la Ley de 2000, en lo referido a los jóvenes de entre 18 y 21 años, era de aplicación al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y no dos meses después como suele ser habitual. Aún así, el Senado aprobó el texto el 18 de octubre. Si en los siguientes 15 días el Congreso hubiera hecho lo mismo, la ley habría entrado en vigor a primeros de enero y no hubiera existido ningún problema.

Ese periodo de tramitación parlamentaria coincidió con las elecciones catalanas, con lo que se ralentizó la actividad ordinaria en el Congreso de los Diputados y, después, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ocasionaron un nuevo retraso.

Con estos condicionantes, el Congreso no aprobó la ley hasta el 23 de noviembre y el texto se publicó en el BOE el 4 de diciembre de 2006, con lo que su entrada en vigor se producirá el 4 de febrero. Desde el 1 de enero, y hasta esa fecha, la situación penitenciaria de aquellos presos de 18 a 21 años puede variar.

El Gobierno aclara que en ningún caso está prevista la revisión de la situación de 800 presos preventivos de esas edades, pues la mayoría no entra dentro de los supuestos en los que la ley hace posible el envío de su caso a la jurisdicción de menores. La Fiscalía General del Estado ha anunciado que impartirá instrucciones para que se considere inaplicable la ley a los jóvenes adultos.