Los promotores de turismo residencial también impugnan el plan de ordenación de la Costa del Sol

La Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía (Promotur) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto de la Junta por el que se aprobó el pasado julio el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental, en el que pide su suspensión cautelar. En el recurso, Promotur argumenta que, en la tramitación inicial del documento, no hubo memoria económica ni de evaluación ambiental, y sostiene que el Ejecutivo andaluz se entromete con este texto en funciones urbanísticas municipales como la calificación de suelo.

Para Promotur, la ausencia de una memoria de evaluación de impacto ambiental en un texto que tiene supremacía sobre planes urbanísticos municipales, que sí tienen sus correspondientes estudios de impacto ambiental, es una "clara contradicción" con el principio de autonomía municipal. Principio contra el que también se atentaría, a su juicio, en el caso de las áreas que el POT vincula a dotaciones de interés supramunicipal y zonas de especial reserva para localización de actividades productivas, cuando son suelos que no están calificados así en el planeamiento urbanístico vigente de varias localidades del litoral malagueño.

La patronal también cree de "dudosa legalidad" que se hayan aprobado planes subregionales antes de que lo estuviese el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El recurso de Promotur es el tercero presentado contra el plan de la Costa del Sol. También ha sido impugnado, por cuestiones más concretas, por los alcaldes de Estepona y Mijas, ambos socialistas.

Flexibilidad en el POTA

Algunas de las nuevas medidas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, recientemente aprobado, siguen suscitando polémica. La federación andaluza de constructores de Andalucía (Fadeco) consideró ayer que los "criterios de flexibilidad" anunciados por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, respecto a las limitaciones fijadas para el crecimiento urbanístico de los municipios (un 30% de la población en los próximos ocho años), suponen "un claro reconocimiento a la falta de idoneidad de la regulación".

Tras la celebración de una junta directiva en Córdoba, Fadeco mostró su "preocupación" por la "catarata de disposiciones recientes que está afectando" al sector, una "inseguridad jurídica" a la que la patronal achaca un descenso de la inversión privada.