La Junta anulará los convenios urbanísticos con particulares en Jaén vinculados al futuro PGOU

La Consejería de Obras Públicas se plantea anular los convenios urbanísticos aprobados entre el Ayuntamiento de Jaén y promotores particulares y que están vinculados al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Consistorio jiennense, gobernado por el PP, aprobó a finales de 2005 al menos una decena de convenios, lo que, además de recalificar de una manera importante el valor de los terrenos privados, hizo que el área de Urbanismo cobrara por adelantado el 10% de la cantidad que, según la ley, le corresponde ingresar a los entes locales en concepto de cesiones y de contribución a sistemas generales, que es el 10% del nuevo valor del suelo. De producirse la anulación de estos contratos por parte de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Jaén se vería obligado a devolver los casi seis millones de euros cobrados "de modo ilegal", según la Junta.

Advertencia

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, lanzó el jueves un aviso en la misma dirección al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), advirtiendo de que esta norma podría afectar también al resto de ayuntamientos andaluces que han actuado de modo similar. Gutiérrez aseguró que estos convenios "no vinculan" al Gobierno andaluz y recordó que la ley establece que los ayuntamientos no pueden percibir ninguna compensación económica por convenios que aún no se hayan traducido a un plan urbanístico aprobado por la Junta.

El delegado de Obras Públicas en Jaén, Manuel López, fue ayer más lejos al indicar que si el Ayuntamiento jiennense ha hecho uso de esas cantidades recibidas a cuenta "ha cometido una ilegalidad". El grupo socialista en el Ayuntamiento de Jaén pidió en su día al alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar, que certificara el destino de esos fondos, al sospechar que el equipo de gobierno popular estaría vulnerando la Ley del Suelo de Andalucía por financiar obras de infraestructura en la ciudad con los ingresos derivados del patrimonio municipal del suelo que, según la legislación, sólo pueden destinarse a una cuenta específica para vivienda protegida y suelo.

Mientras tanto, el concejal de Urbanismo de Jaén, Manuel Peragón (PP), dijo ayer que la anulación de esos convenios por parte de la Junta "sería un hecho muy grave que supone una agresión a la autonomía municipal". Peragón señaló que esos acuerdos "no dejan de ser un contrato personal" y añadió que los entes locales están facultados para aprobarlos. Además, el edil jiennense destacó la cláusula introducida en los convenios, según la cual si los terrenos se venden a terceras personas lo debe autorizar el Ayuntamiento, "una medida tendente a evitar la especulación", dijo Peragón, que censuró el "excesivo intervencionismo" del Gobierno andaluz en esta materia.