Chivo expiatorio de la M-45

"Además de denunciar la situación de la M-45 como trabajador, lo hago como ciudadano". A Rubén Caballero, de 28 años, hasta el pasado martes peón de una de las empresas que gestionan la autopista M-45, le ha costado su empleo hablar con EL PAÍS sobre cómo la compañía que lo contrataba incumplía sus obligaciones.

Lo hizo el 27 de noviembre junto a otros seis compañeros, que, hartos de la situación, revelaron que había largos tramos de la carretera sin iluminar por las noches, taludes sin redes de seguridad, insuficiencia de personal y toda una serie de problemas que contravienen el pliego de condiciones impuesto a las concesionarias por la Comunidad. Pero él es el único que ha recibido carta de despido.

La consejera acusó al trabajador en la Asamblea con argumentos falsos

El Gobierno regional apoya la actuación de la empresa contra su peón de mantenimiento

Rubén trabajaba para M-45 Conservación, que une a otras dos firmas, Concesiones de Madrid, SA, y Autopista Trados-45. Ambas ganaron el concurso que en 2001, cuando gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón, entregó a la gestión privada tres tramos de la autopista por el sistema de peaje en la sombra. Es decir, el Gobierno paga a las adjudicatarias según los vehículos que la utilicen y, a cambio, éstas construyen las instalaciones y las mantienen durante 25 años.

La Comunidad ha presupuestado para 2007 en 64,3 millones el coste de amortización y mantenimiento. Desde que se abrió la carretera, ha pagado 265,6 millones. Las concesionarias gastaron 487 millones, por lo que ya han recuperado la mitad de la inversión.

Uno de los problemas más acuciantes es la falta de vigilancia. El diputado de IU Fausto Fernández pudo fotografiarse en la sala de cámaras que vigilan los diferentes tramos de la autopista sin que nadie se lo impidiera. Junto a sus acompañantes, pudo saltar la valla porque el recinto estaba desierto y la puerta principal se abre cuando se pisa la alfombra que hay delante.

Nadie facilitó el acceso al centro de control de vigilancia al diputado, pero M-45 Conservación culpa a Rubén de haberlo hecho. Así consta en su carta de despido, en la que el gerente, Juan Luis Pardo, afirma que Rubén franqueó la entrada "de forma subrepticia" y sin autorización ni conocimiento de la empresa, "al menos" al diputado de IU y a EL PAÍS. Además, justifica que sus declaraciones motivan su despido por "una falta laboral de indisciplina, fraude, deslealtad y abuso de confianza".

El gerente reprocha a Rubén sus manifestaciones "criticando el actual sistema de vigilancia". El trabajador despedido se limitó a decir que su trabajo consiste en patrullar la autopista: "Vamos de uno en uno, carretera arriba y abajo. Si ocurre algo al otro lado de la autopista, ni me entero".

Rubén explicó que ya se ha puesto en contacto con el sindicato CC OO, al que pertenece, para denunciar a su empresa por despido improcedente. Hasta que se celebre el juicio no podrá cobrar el paro ni buscar otro empleo. "Voy a vivir del sueldo de mi pareja", se lamenta Rubén, que hasta ahora no podía decir siquiera que era mileurista, porque cobraba unos 900 euros. Sólo de alquiler paga 700. Pese a llevar trabajando cuatro años y medio en la empresa, ha recibido 1.100 euros de finiquito.

Este periódico trató, sin éxito, de ponerse en contacto con M-45 Conservación. Una portavoz de la Consejería de Transportes rechazó pronunciarse sobre el despido, al considerarlo un "problema entre empresa y trabajador".

Pero la consejera Elvira Rodríguez entró en el asunto el jueves en la Asamblea, al responder a una pregunta de Fausto Fernández sobre la M-45. Éste criticó el despido y achacó a la consejera la responsabilidad por no vigilar el cumplimiento del pliego de concesiones. "En vez de intervenir controlando el cumplimiento, permite que la empresa reprima a sus trabajadores", afirmó. "Hay una responsabilidad de la Comunidad, porque esto es como si un Ayuntamiento consintiera que las empresas que contrata para la limpieza exploten a sus empleados". Rodríguez dio más crédito a la versión de la concesionaria y aseguró que ésta cumple. Y culpó a Fernández del despido, al haber entrado en el centro de control, porque, dijo la consejera, fue el vigilante el que le abrió la puerta. El control de tiempos de la Asamblea impidió al diputado de IU responderle que mentía. Nadie le abrió la puerta del centro de control. EL PAÍS fue testigo.