La financiación de la ciencia

Hay un relato breve de Augusto Monterroso, magistral como suelen ser todos los suyos, que comienza diciendo: "Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios" y lo cierto es que, tanto en sentido físico como en sentido figurado, para mover montañas, la fe no ha sido la mejor de las herramientas de las que hemos dispuesto los seres humanos.

Desde que el hombre vive en sociedades complejas, su manera de acometer empresas ambiciosas o arriesgadas, ha sido la de crear organizaciones más o menos especializadas para la consecución de un determinado objetivo; es decir, establecer instituciones. Cuando cumplen bien los fines para los que fueron establecidas, las instituciones adquieren una personalidad propia, que trasciende a la de los individuos que las integran, hasta el punto de que la sociedad olvida o desconoce a muchas de las personas que las mueven o las hacen funcionar, en beneficio de las instituciones mismas.

Se necesitan instituciones ágiles, potentes, profesionales y bien equipadas

Este hecho es especialmente frecuente en el mundo de la investigación: muy pocos ciudadanos podrían mencionar a científicos individuales de cualquier disciplina, pero seguro que son muchos los que pueden citar a más de una institución dedicada a la investigación, como el MIT, el CERN, la Universidad de Harvard, el Instituto Pasteur o la Sociedad Max Planck de Alemania.

Las instituciones son más importantes a medida que, cada vez más, el conocimiento no es producido por personalidades geniales que trabajan aisladas, desarrollando una brillante intuición, sino por grupos interdisciplinarios que trabajan en equipo y disponen de costosas infraestructuras. Por ejemplo, la secuenciación del genoma humano, el diseño y la producción de fármacos eficaces contra el cáncer o el sida, las estrategias para combatir los efectos del efecto invernadero o para enviar un ingenio a Marte, no pueden ser obra de un científico aislado, por muy dotado que esté de talento y creatividad.

Para estos empeños, lo que se necesitan son instituciones ágiles, potentes, profesionales, bien equipadas, porque hoy en día la investigación científica se ha convertido en un proceso social y globalizado, en el que es más necesaria la colaboración que la competición.

En este ámbito, las instituciones desempeñan, el papel crítico de organizar y fomentar la investigación, de formar a los futuros científicos, de crear y mantener las infraestructuras necesarias para hacer avanzar el conocimiento, o de facilitar su transferencia a la sociedad. En el fondo, es a esto a lo que ya se debía de referir el poeta hispanorromano Marcial, cuando decía aquello de sint Maecenates, non deerunt Marones, "que haya Mecenas, que no faltarán los Virgilios", porque, en efecto, si se da la adecuada financiación, no dejarán de aparecer los expertos que hagan un buen uso de ella.

Apostar por las instituciones, fortalecerlas, ofrecerles mayor agilidad y autonomía pero, también, exigirles regularmente cuentas de lo que han hecho es, pues, el procedimiento más eficaz, y más democrático, de enriquecer el patrimonio social y de consolidar el bienestar.

En el sistema español de I+D, regulado desde hace 20 años por la Ley de la Ciencia, no se ha practicado esta política de apoyo a las instituciones. Las convocatorias de proyectos, su financiación, los mecanismos de evaluación, los sistemas de recompensas y estímulos, están orientados casi exclusivamente a las personas tomadas una a una como individuos, como si éstos, por sí solos, constituyesen ya una institución, lo cual es un grave error: unos centenares de profesores tomados uno a uno no constituyen per se una universidad, ni el hecho de que en una determinada universidad existan centenares de profesores con proyectos financiados quiere decir que ésta cuente con la financiación necesaria para ejercer una política científica independiente.

Es obvio que no todas las instituciones de los países más desarrollados cuentan con un fondo propio para investigación. Sólo los que lo han conseguido por su cuenta, o lo han merecido después de una evaluación competitiva basada en criterios transparentes y objetivos. En España no podríamos aspirar, tampoco, a que todas las universidades, públicas y privadas, y todos los OPIS pudiesen disponer de un fondo de estas características, porque no en todas se investiga, ni todas pueden ofrecer los mismos resultados.

Sin embargo, sí existe en nuestro país un número razonable de universidades, algunas de ellas con una prestigiosa historia pluricentenaria que, junto con el CSIC, los hospitales y otras instituciones han contribuido a situar a España en un lugar muy honorable en la clasificación científica mundial y que mantienen una producción científica más que estimable. A éstas es a las que habría que apoyar de manera institucional, aparte de la financiación que ya reciben sus profesores, aunque debería hacerse de acuerdo con unos mecanismos exigentes y selectivos. Difícilmente podremos competir los investigadores españoles dentro del Espacio Europeo de Investigación, ni responder adecuadamente a los requerimientos del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, sin un instrumento de estas características.

Varias son las alternativas disponibles al efecto como, por ejemplo, un incremento significativo de los costes indirectos que imputamos las instituciones (los overheads), al estilo de lo que se hace en Estados Unidos; un sistema de financiación vinculado a resultados ya obtenidos, o bien una financiación finalista para proyectos institucionales competitivos en áreas de relevancia científica o tecnológica. Este último mecanismo tendría la ventaja de permitir aglutinar los recursos institucionales, optimizando de esta manera el trabajo en equipo y la creación de valor añadido.

Algunas instituciones tienen una especial relevancia para los ciudadanos y, así, cuando, por ejemplo, el Parlamento o la Administración de Justicia son puestos en tela de juicio o despiertan desconfianza entre los ciudadanos se acaban lesionando aspectos cruciales de la vida económica, social o política. Entonces crecen, en cambio, la inseguridad jurídica, la reducción de la participación ciudadana en la cosa pública y, lo que es más inquietante aún, el desprecio por la ley y las normas de convivencia. Para evitar que algo análogo ocurra con la ciencia, necesitamos la puesta en marcha de una financiación competitiva de las instituciones que realizan la investigación, que sea complementaria a la de los individuos y los grupos.

Sin ella, no será posible promover en España la economía del conocimiento, ni hacer frente de manera rápida a las urgencias de la ciencia de hoy ni a las demandas de la sociedad porque, para todo esto, en lo cual nos jugamos nuestro futuro, la fe por sí sola no es suficiente, por muy intensa que sea.

Carlos Martínez Alonso es presidente del CSIC.