Un regidor admite haber "rayado la legalidad" en cesiones de suelo

El alcalde de Comares (Málaga), Manuel Robles, del PP, ha reconocido que su Ayuntamiento "ha podido rayar un poco la legalidad" en la concesión de parcelas de suelo rústico a particulares en las que el consistorio ha permitido además la construcción de viviendas diseminadas. La Consejería de Obras Públicas tiene puestos 48 recursos contenciosos-administrativos contra el Ayuntamiento de Comares por la concesión de licencias para construir viviendas diseminadas en suelo rústico que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prohibe.

Un grupo de vecinos de Comares ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a Robles de haber cedido a particulares "a dedo" sin concurso público ni subasta 40 parcelas

de una finca de propiedad municipal sin que se hayan además hecho las oportunas segregaciones. Según los denunciantes, esta práctica se remonta a hace más de 20 años y el Ayuntamiento cobra el suelo a un precio "simbólico" de 609 céntimos por metro cuadrado.

En la denuncia se asegura también que entre los beneficiarios por estas adjudicaciones figura una hija y un hermano del alcalde que es además concejal de Urbanismo, Francisco Robles, que obtuvo la parcela a través de una tercera persona y que luego a su vez la vendió una vez revalorizada.

Sin mala fe

El alcalde ha reconocido que ha adjudicado parcelas sin concurso público, como establece la ley "para favorecer que algunos vecinos se instalen en el pueblo", y aunque admite que esto "puede rayar la legalidad", asegura que "nunca ha habido beneficio ni para el alcalde ni para ningún concejal". "Los jueces verán que nunca ha habido mala fe ni lucro de ningún responsable municipal", asegura Robles.

Según el alcalde, estas concesiones de suelo municipal forman parte de un plan para el fomento de la primera residencia en esta localidad de La Axarquía de unos 1.300 habitantes.

Robles también ha reconocido que existen 48 impugnaciones de licencias de obras municipales para construir viviendas diseminadas en parcelas con una superficie de 5.000 metros cuadrados, cuando la ley establece un mínimo de 25.000 para poder construir una casa siempre vinculada a usos agrícolas. El alcalde ha explicado que la Consejería de Obras Públicas emitió informe contrario a los respectivos planes de actuación, pero entendió que estos no eran vinculantes, por lo que decidió conceder las licencias que luego fueron impugnadas por la administración autonómica.

El alcalde de Comares atribuye la denuncia a IU y PSOE, formaciones de las que dice "la única posibilidad que tienen de alcanzar la alcaldía es a través de los juzgados", y se ha mostrado sorprendido porque entre los denunciantes figuran personas que fueron beneficiadas con parcelas.