El Consell aplicará la ley con ayuda de fotos a casas ilegales

El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, lanzó ayer un "programa de control de la legalidad urbanística" que no supone otra cosa que aplicar las sanciones y demoliciones previstas en la normativa con ayuda de fotos aéreas. El certificado del Instituto Cartográfico, que identificará las urbanizaciones y casas ilegales, agilizará los expedientes al no exigir la presencia de agentes en el lugar de la infracción.

El consejero anunció un plan contra las viviendas ilegales hace dos meses, cuando intervino las competencias urbanísticas de Catral (PSPV). Las imágenes del municipio alicantino sirvieron ayer para ilustrar su presentación. González Pons concretó un plan contra "los grandes depredadores del territorio" en colaboración con la Consejería de Justicia, cuyo titular, Miguel Peralta, lo consideró "una decisión de extremada valentía y gran trascendencia" por su componente social.

El presidente del Consell, Francisco Camps, ya dijo que contra las ilegalidades urbanísticas hay que aplicar la ley, y eso es lo que hará el programa de González Pons. La novedad será la colaboración del Instituto Cartográfico Valenciano, que identificará las infracciones mediante imágenes aéreas y un programa informático que especifica el tipo de suelo y la situación catastral de urbanizaciones y casas ilegales. El certificado del instituto sustituirá a las actas de investigación con las que ahora los agentes policiales o medioambientales constatan sobre el terreno la irregularidad. Esta medida ahorrará tiempo, ya que un "barrido" a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana en busca de casas ilegales exigiría miles de policías y meses, según dijo González Pons en un reconocimiento implícito de la envergadura del problema.

Derribo

El consejero afirmó desconocer cuántas viviendas ilegales hay y admitió que "todas las administraciones" han sido "muy tolerantes" con el fenómeno. A los municipios con "un buen número" de segundas residencias ilegales se les ofrecerá crear un consorcio para que cedan sus competencias sancionadoras, una medida ya ensayada en Menorca. También se crea un servicio de inspección, sin aumentar la plantilla de inspectores, y se harán campañas de "concienciación".

Iniciada el acta de infracción con las imágenes u otras denuncias, y avisado el municipio, la consejería aplicará las previsiones de la Ley Urbanística Valenciana: ordenar la paralización de las obras y el uso de la casa ilegal; notificar la medida a las empresas de suministro para que corten el servicio y al registro de la propiedad. Si la actuación no es legalizable en dos meses, el infractor deberá demoler la vivienda y restaurar el hábitat. Las infracciones en suelo no urbanizable común prescriben en cuatro años. En el caso de construcciones en suelo protegido, el derribo será inevitable. La sanción en espacios protegidos y a grandes urbanizaciones irregulares, que el consejero considera "reciente", será prioritaria. "No perseguimos al pequeño infractor", afirmó el consejero, que no revelará los ayuntamientos afectados por la cercanía de las elecciones.

En Catral se han abierto ya 40 expedientes. El consejero afirmó que una veintena de casas se han terminado "a toda prisa".