ICV se desmarca de sus socios en Barcelona y apuesta por negociar la ocupación de Can Ricart

¿Se puede negociar bajo la presión de una ocupación? Mientras que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de Esquerra Republicana en el consistorio, Jordi Portabella, afirman que no, el tercer socio del tripartito municipal, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA), cree lo contrario. Así que la ocupación del pasado sábado de las naves industriales de Can Ricart, en el Poblenou, ha tenido el efecto de abrir una brecha en el equipo de gobierno. Las críticas de CiU y el PP se repartían ayer con pareja dureza entre la "incompetencia" del Ayuntamiento y la pasividad de la policía.

Sobre la mesa ahora hay dos cuestiones: la ocupación de Can Ricart y el planteamiento de que expresiones artísticas alternativas -como las desarrolladas por los desalojados de La Makabra el pasado 20 de noviembre- se están quedando sin espacios en la ciudad, especialmente en el sector del 22@. Y una tercera, más de fondo, sobre el modelo urbanístico de la ciudad.

Donde se ha producido la división del tripartito municipal es respecto a la ocupación. El alcalde, Jordi Hereu, reiteró ayer en varias ocasiones que mientras persista la ocupación no se entablará ningún tipo de negociación sobre una ubicación alternativa para el colectivo de La Makabra en el caso de que presenten un proyecto concreto de actividad, condición imprescindible para empezar a hablar de locales o espacios, según señalaron fuentes municipales.

Un segundo Sant Andreu

Es más, el consistorio aportará al juzgado -el que definitivamente tenga que resolver la petición de desalojo que hizo el propietario de Can Ricart el pasado fin de semana- información sobre evidencias de que al grupo de okupas se les han unido inmigrantes en situación irregular. "Can Ricart no puede convertirse en un segundo episodio de los cuarteles de Sant Andreu, una larga ocupación de cientos de emigrantes que terminó en febrero de 2004" , señalaba un responsable del consistorio de Barcelona que añadía que en el caso de las naves del Poblenou puede haber restos tóxicos nocivos. Todo ello se comunicará al juzgado para que lo tenga en cuenta para decidir sobre la petición de desalojo que presentó la propiedad. Jordi Portabella (ERC) se sumó ayer a la negativa a negociar hasta que salgan de Can Ricart, aunque insistió en que la ciudad tiene que saber afrontar la necesidad de preservar espacios para expresiones artísticas alternativas, como las del colectivo de La Makabra.

El tercer socio del equipo de gobierno, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA), se desmarcó de esa tesis y abogó abiertamente por negociar con los okupas. "En cualquier negociación de un convenio colectivo hay una posición de fuerza", señaló el portavoz de esa formación en el consistorio, Ricard Gomà, quien añadió que su formación será parte activa en la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, no quiso entrar en consideraciones sobre la actuación de la policía, en concreto de los Mossos d'Esquadra, un cuerpo policial dirigido por el consejero Joan Saura, de ICV. De "escándalo" calificó ayer Xavier Trias que los Mossos y la Guardia Urbana no impidieran la ocupación. El hecho es que durante todo el recorrido la manifestación fue controlada por los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Guardia Urbana. Cuando los manifestantes llegaron al antiguo recinto fabril, se encontraron con que las puertas estaban abiertas. El propietario había autorizado a asociaciones y colectivos vecinales del Poblenou la celebración de una jornada de debate sobre Can Ricart.

Según la versión de los Mossos d'Esquadra, los vecinos invitaron a entrar en el recinto a los manifestantes, informa Jesús García. Por ese motivo, la policía autonómica se abstuvo de actuar para impedir la entrada en el recinto. De hecho, al tratarse de una propiedad privada, los agentes permanecieron fuera de él.