La penúltima oportunidad

A lo largo de su historia, ETA ha negociado con distintos gobiernos. Si en el pasado no consiguió nada, es impensable suponer que ahora vaya a alcanzar sus objetivos. Dada la gran debilidad actual de ETA, el Estado puede negociar el fin de esta organización sin pagar una contrapartida onerosa para la sociedad. Ahora bien, esto sólo será posible si los dos grandes partidos nacionales consensúan la política antiterrorista con el fin de evitar incentivos para aprovechar electoralmente el proceso de paz.

La debilidad de ETA es clara. La organización ha pasado de arrogarse la negociación política en exclusiva con el Estado (Alternativa KAS) a abogar por la negociación multipartidista como único cauce a la resolución del conflicto (Anoeta). Esta debilidad tiene dos raíces fundamentales, la ineficacia terrorista y la caída en apoyos sociales a la violencia.

Un grupo terrorista con apoyo y capacidad de matar, como ETA, no se autodisuelve simplemente

Primero, ETA ha sido incapaz de derrotar al Estado a través de la violencia terrorista. La operatividad actual de ETA es mínima, lo cual contrasta con el número actual de presos de ETA, uno de los mayores de esta organización en democracia.

Segundo, los apoyos sociales de la izquierda abertzale se reducen cuando ETA actúa. Por un lado, la estrategia de "socialización del sufrimiento" alejó a importantes sectores del abertzalismo, sólo dispuestos a retomar su apoyo bajo condiciones de tregua. Por el otro, el nacionalismo moderado ha demostrado tener capacidad para atraer votantes del nacionalismo abertzale.

Esta debilidad de ETA tiene mucho que ver con las políticas consensuadas por los dos principales partidos, sobre todo a partir de la ruptura de la tregua de 1998. Ahora bien, ¿las políticas que sirvieron para debilitar a ETA servirán también para conseguir que desaparezca? Aunque algunas organizaciones terroristas han decidido autodisolverse simplemente con medidas de reinserción, esto jamás ha ocurrido cuando la organización cuenta con considerable apoyo social. Éste es el caso de ETA: todavía tiene apoyos y capacidad para matar.

La última propuesta de ETA propone una vía de aterrizaje: la organización negocia con el Estado asuntos de "desarme" y presos, y los partidos vascos se encargan del acuerdo político. Algunos argumentan que esta propuesta no es creíble porque ETA querrá tutelar el proceso: en esas condiciones, es preferible soportar posibles futuros atentados que hacer concesión alguna. Éste es un argumento razonable. Sin embargo, la cuestión clave es si el Estado puede evitar esas potenciales víctimas al desligar el desarme de ETA de la posible renegociación de un nuevo marco estatutario en el País Vasco.

Supongamos que ETA fuera como los GRAPO en términos de apoyo social, ¿estaría el Estado dispuesto a buscar reducciones de pena para aquellos que se acogieran a las mismas? En principio, la respuesta es afirmativa, aunque el amplio daño moral generado por ETA en la sociedad imponga límites a la generosidad del Gobierno.

Supongamos también que los partidos políticos vascos negociaran en ausencia de violencia. ¿Sería posible contribuir al fin de ETA respondiendo simplemente a las demandas de la ciudadanía vasca? Según datos de encuesta, más del 50% de la ciudadanía vasca aboga, al menos, por mayor autonomía para su comunidad. También más del 50% de los vascos reconocen al País Vasco como su nación. Es plausible deducir de estas cifras que el precio político pagado mediante una reforma del Estatuto sería simplemente una respuesta a las demandas de la ciudadanía vasca.

Dos factores son necesarios para que este proceso dual contribuya al fin de ETA. Primero, que los partidos nacionalistas presionen a los líderes políticos de la izquierda abertzale para que éstos hagan ver a ETA la ineficacia de una vuelta a las armas. Aunque es predecible que una tregua exitosa generará reajustes internos del voto nacionalista, visto en su conjunto el nacionalismo tiene la posibilidad de encabezar desde las instituciones vascas la actualización del Estatuto de Gernika.

Segundo, que los principales partidos estatales aparquen sus estrategias electorales y se apoyen mutuamente en el proceso de paz. Hasta ahora, la desconfianza ha reinado en sus relaciones. Por un lado, la oposición teme que el Gobierno esté utilizando la tregua para crearse una imagen atractiva en regiones electoralmente cruciales (Cataluña, País Vasco) y apuntarse el tanto del final de ETA. La contradicción entre los mensajes enviados por el Gobierno y algunos actos cometidos por ETA -véase el robo de las pistolas- parecen apuntar hacia ese empeño. Por otro lado, el Gobierno teme que el PP esté utilizando la cuestión de la tregua de manera partidista para conseguir unas elecciones anticipadas en las que partiría con ventaja ante un eventual fracaso de la negociación. La constante referencia a que se está peor que nunca en la lucha contra ETA y la reinvención por parte del PP del papel jugado por el Gobierno de Aznar en la pasada tregua alimentan esta hipótesis.

El principal problema que afronta el Estado es que las expectativas electorales de los dos partidos mayoritarios penden de un hilo muy fino, el resultado del proceso de paz. Para evitar esto, es necesario tender puentes entre ambos partidos. Una propuesta sería que el PSOE ofreciera el Ministerio de Interior a alguien cercano al PP. Esto enviaría una señal creíble primero a ETA (ambos partidos unidos en la misma política); segundo, a los partidos nacionalistas respecto a la seriedad y límites del proceso -los dos carriles de negociación y su no simultaneidad (primero las armas, después la negociación)- y finalmente, a sus respectivos electorados, reasegurados de que actos del Gobierno aparentemente paradójicos tienen su lógica y de que la oposición es leal al Gobierno en el desarrollo de la política antiterrorista. A la espera de que la izquierda abertzale dé un paso al frente, recuperar el consenso entre los dos grandes partidos es un prerrequisito para que el proceso se consolide.

Luis de la Calle es investigador en temas de terrorismo en el Instituto Universitario Europeo (Florencia).