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LA CRÓNICA

Un programa federal y republicano

Al fin parió la burra y nos ha traído al circo electoral una coalición de izquierdas -EU-Bloc-Verds- de la que ya se desconfiaba a pesar de las penosas consecuencias que se le pronosticaban al fracaso del proyecto. Entre éstas, el abono del bipartidismo emergente, con el consiguiente empobrecimiento de la vida política y de no pocas alternativas progresistas que únicamente tienen viabilidad si de una vez se supera o comienza a superarse la fragmentación de las clientelas militantes y afines que bajo distintas siglas se reconocen en ellas.

Es posible, además, que después de 20 años de divorcio y reticencias de las principales fuerzas de la alianza -nacionalistas e izquierdas de etiquetas varias-, hayan tenido estas que rendirse a la evidencia de que sin pacto se cancelaba toda posibilidad de propiciar el desahucio del PP, e incluso se acentuaba el descrédito social de estas fuerzas que, a ojos de sus observadores, se mostraban incapaces de superar unas diferencias irrelevantes en relación con la ventajas del consenso. Por fortuna para esos colectivos políticos, la necesidad o el buen juicio han prevalecido en esta ocasión sobre la terquedad o el ridículo patriotismo de partido.

Y la criatura, además, no ha venido sola al mundo. Con el pacto ha sido alumbrado un programa, el Compromís pel Pais Valencià, que sus gestores describen como de mínimos. Una vez leído, no se nos alcanza a imaginar cómo sería el de máximos, pues a la vista de los tiempos conservadores que corren buena parte de lo que se propone linda con la utopía. Pero esta, ya se sabe, constituye uno de los rasgos distintivos de la izquierda, por más que a menudo se disuelve por imperativo del pragmatismo. Sin embargo, los puntos del compromís van a ser las credenciales y últimos objetivos de quienes lo suscriben y por ellos se les juzgará.

No vamos a glosarlos por menudo, aunque bien cierto nos parece que en algún apartado se les ha ido la mano a los negociadores. Cuestión de puntos de vista, y el nuestro es que suena a demasía o más bien sarcasmo eso de exigir el reconocimiento internacional del País Valenciano como nacionalidad histórica. ¿Internacional? Ya sería suficiente, a nuestro parecer, que no se acabara diluyendo la leve conciencia de colectivo histórico diferenciado en el marco del estado español salvando, como el pacto postula, lo que de más peculiar tiene nuestro acervo cultural, empezando por la lengua.

Más enjundia aparentemente tiene la apuesta por una fórmula de Estado federal y republicano, y no tanto como argumento movilizador del voto, sino como rasgo distintivo e irrenunciable de la izquierda que no se ha reconocido histórica ni ideológicamente con la monarquía. Una reivindicación, ya decimos, más simbólica por ahora que operativa, y menos eficaz que la que se consigna en ese mismo apartado del acuerdo: la liquidación de las diputaciones provinciales, reducidas a feudos cantonales proveedores de sinecuras públicas.

Algún otro capítulo del compromiso podría ser objeto de polémica o discrepancia, pero lo que no comprendemos son las reacciones desaforadas de algunos miembros calificados del PP valenciano, ni tampoco la inusitada del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Solo les ha faltado exhumar -y todo se andará- el esperpento del Frente Popular, que muy pocos recuerdan debido paradójicamente al desmantelamiento de la memoria histórica que la derecha practica.

No hay para tanto. En realidad, no hay para alarmarse de nada por lo que a este acuerdo democrático de izquierda concierne. Excepto en el caso de que los titulares de la Generalitat tengan motivos demoscópicos para creer que este pacto y sus expectativas electorales, junto a las del PSPV, ponen en jaque su propia hegemonía. Algo que se viene descartando en el marco del PP valenciano y que únicamente es una mera conjetura en el ámbito de la oposición. Una conjetura ilusionante, pero no un imposible.

¡VAYA CACHONDEO!

La Fiscalía Anticorrupción de Castellón y la Audiencia Provincial andan a la greña acusándose mutuamente del retraso que acumula investigación del llamado caso Fabra, esto es, la causa que se instruye al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en un juzgado de Nules. No vamos a terciar en este contencioso institucional, pero quizá venga al pelo recordar que en la instrucción de este asunto, que se inició a finales de 2003, se han sucedido siete jueces y tres fiscales, lo que nos sugiere cierto cachondeo en la organización del gremio judicial. Que ahora unos y otros se tiren los trastos a la cabeza no ha de ocultarnos lo que a todas luces parece un ejercicio de dejación o elusión de responsabilidades. Dicho con más llaneza: un cachondeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de diciembre de 2006

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