Condenan a la CRTVG por "cesión ilegal" de trabajadores de productoras

La Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG) tendrá que incorporar a su plantilla, con contrato indefinido, a trabajadores de productoras que desde hace años vienen suministrando contenidos para sus espacios informativos y cuya titularidad coincide con la de las cabeceras de los principales diarios gallegos, según tres sentencias sucesivas de juzgados de lo social de Vigo que podrían repetirse en cascada en otras 39 demandas. En los tres casos fallados se aprecia "cesión ilegal" de trabajadores.

La situación irregular arranca con la puesta en marcha de la propia CRTVG, que cubre sus delegaciones en las principales ciudades gallegas, en Burela, Madrid y, luego, en Oporto y Bruselas, mediante contratos con empresas productoras que pertenecen a las empresas editoras de El Progreso (Lugo), La Voz de Galicia (A Coruña), La Región (Orense y Madrid), Productora Faro (anteriores propietarios de Faro de Vigo) y TV7. CRTVG sólo tiene delegaciones propias en A Coruña y Vigo. En el resto, toda la infraestructura técnica, menos cámaras y coches, es de CRTVG, cuyos responsables de informativos han venido organizando la producción directamente con los empleados de las otras empresas.

El número de afectados, incluyendo la más reciente delegación de Nueva York, podría llegar a 130. Según fuentes de los mismos consultadas por este periódico, muchos se han inhibido de plantear demanda judicial después de ser amenazados, a raíz de la primera sentencia condenatoria de la CRTVG, en mayo pasado, con ser trasladados a la sede de San Marcos, en Santiago.

Los empleados de estas productoras han estado percibiendo del 40 al 60% menos del salario que les correspondería como personal de la CRTVG, no accedían a derechos de antigüedad, realizaban jornadas laborales más extensas que el personal de plantilla y, en un proceso de baremación profesional realizado a finales del año pasado por el actual equipo directivo de la compañía pública, todos ellos obtuvieron cero puntos después de estar trabajando para la misma durante años.

Con todos, según Matias Movilla, el letrado que defiende sus demandas, se empleó alguno o algunos de los modelos de contratación fraudulenta siguientes: falso autónomo, contrato artístico, a través de ETT, a través de la productora o a través de ETT para la productora. Algunos han sido contratados alternativamente por los cinco sistemas.

Las tres sentencias de los juzgados de Vigo, la última el pasado día 27, coinciden en apreciar cesión ilegal de trabajadores, esto es, que hay una empresa aparente (productora o ETT), que se limita a realizar funciones de trámite, y otra real (CRTVG), que organiza y ordena el trabajo como si se tratara de personal propio. Los tribunales, ahora, dan opción a los demandantes a elegir a qué empresa quieren pertenecer. El responsable de recursos humanos de la Compañía, José María Félix Monclús Díez de Ulzurrum, rehusó ayer comentar a este periódico las sentencias.