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COLUMNA

Grandes expectativas

La celebración el pasado 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presentación anteayer en el Senado por el presidente Zapatero de la campaña del Consejo de Europa en la misma dirección y la aprobación el próximo 15 de diciembre por el Consejo de Ministros de un conjunto de medidas sociales, educativas y económicas con idéntico propósito ofrecen inquietantes perspectivas sobre el maltrato de género. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es la primera causa de mortalidad -en el conjunto del planeta- de las mujeres entre 15 y 44 años, por encima del cáncer y los accidentes de automóvil; aunque las dimensiones de la amenaza sean considerablemente menores en el mundo desarrollado, la persistencia del número de crímenes de este tipo en Europa contrasta con el acelerado avance de las mujeres en el terreno educativo, profesional y político durante las últimas décadas; la vicepresidenta del Gobierno admite que dos millones de mujeres sufren violencia de género en nuestro país.

La constatación de que el número de fallecidas en España durante los meses transcurridos de 2006 por esa causa -62 mujeres han sido víctimas de la violencia de género- supera ya la cifra de todo el año 2005 obliga a examinar con mirada crítica las grandes expectativas creadas por la promulgación el 28 de diciembre de 2004 -con el asentimiento de todos los grupos parlamentarios- de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Sin duda, la ingenua confianza en la eficacia de las normas para modificar de un día para otro comportamientos sociales que se hallan profundamente arraigados en las pautas culturales no deja de tener resonancias milagreras. La muerte de una mujer a manos de su novio, marido o ex compañero no constituye un delito asimilable por su contexto a otros homicidios o asesinatos: es el dramático punto final de una línea continua de violencia marcada por una secuencia creciente de malos tratos verbales y físicos. Esas relaciones de pareja desiguales, prepotentes y eventualmente homicidas se hallan nucleadas por los valores de la cultura patriarcal inculcados por la enseñanza religiosa, la socialización familiar y las reglas de juego imperantes fuera de los muros del hogar: sólo 18 de las mujeres fallecidas en nuestro país durante 2006 por violencia de género -apenas un 30% del total- habían denunciado previamente a su maltratador y recurrido a la policía o a los jueces. España no es un caso excepcional dentro de la Unión Europea: desde el 1 de enero han muerto en Francia 95 mujeres -frente a 18 hombres- por violencia conyugal.

La capacidad limitada y el ritmo lento de las leyes para modificar las pesadas inercias que lastran institucionalmente las relaciones de pareja no implica negar su eficacia reformista a la larga ni menos aun el deber de sacar el máximo rendimiento de sus posibilidades. Además de constituir un mandato de obligado cumplimiento por los tribunales, las normas jurídicas ayudan a formar la trama de los deberes morales y ciudadanos de una sociedad democrática. Desde la entrada en vigor de la ley de 2004, han aumentado considerablemente las demandas de protección atendidas por los jueces, así como las condenas y las órdenes de alejamiento de los maltratadores. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, considera insuficiente la tarea realizada y pide el despliegue de todos los mecanismos previstos para la recuperación de las víctimas, la sensibilización social y la protección de los hijos afectados.

Amnistía Internacional, por su lado, ha presentado un negativo informe sobre la ausencia de políticas de detección de los malos tratos en el ámbito sanitario. Las críticas a los retrasos procesales en la adopción de las medidas protectoras y a la escasez de juzgados específicos de violencia de género -en la actualidad sólo 27- frente a los más de 400 de competencias mixtas son generalizadas. Finalmente, el PP culpa de la violencia de género a la política educativa socialista: Mariano Rajoy, cuyo partido ha despachado con duros calificativos la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, matiza que "es ciertamente dramático tener un Gobierno tan incompetente, tan burro y tan inepto a la hora de diseñar una ley de Educación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de noviembre de 2006