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El PP asegura que la protección del litoral paralizará la economía gallega

Los populares acusan al Gobierno de "matar moscas a cañonazos"

El PP aprovechó ayer en el Parlamento la primera ocasión que se le ha presentado de debatir cara a cara con el presidente de la Xunta para mostrar su oposición al proyecto del Gobierno de prohibir la construcción en los primeros 500 metros de costa para proteger el litoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó una pregunta sobre las listas de espera de la sanidad para proclamar que la prohibición paralizará la economía de Galicia.

"La Fegamp cumple el Pacto Local otros quieren romper la baraja"dice Crespo

El líder del PP apenas se pudo explicar, porque ya había consumido el tiempo del que disponía para intervenir en el pleno, pero tuvo tiempo a pronosticar que la medida va a "paralizar la vida económica" de Galicia y a reivindicar la actuación del anterior Gobierno de la Xunta en esta materia.

Pérez Touriño no ahorró calificativos en su respuesta. El anterior Ejecutivo, según el presidente, dejó "un país hecho un queso gruyère, lleno de agujeros por todas partes", con 14 toneladas de material combustible dispuestas a arder por cada hectárea de monte, "sin directrices de ordenación del territorio" y "sin plan de ordenación del litoral". El desorden urbanístico, aseguró Touriño, es una herencia de la inacción de los sucesivos Gobiernos del PP durante 16 años. "Esa es la realidad" y por eso "pasa lo que pasa en Sabarís [Baiona], en Cee y donde toque", concluyó en referencia a la influencia del caos urbanístico en algunas de las recientes riadas.

A falta de otra oportunidad para intervenir en el pleno, el PP abundó en sus críticas a través de un comunicado de prensa. Según los populares, la medida de la Xunta trata de "matar moscas a cañonazos" y va a hacer pagar a justos por pecadores porque dejará a la mayoría de los municipios casi sin suelo para urbanizar. A través de esta nota, Feijóo -que ayer mismo partió rumbo a América para participar en varios congresos del PP en el exterior- ofreció a Touriño un pacto para racionalizar el urbanismo de la costa, pero no lo que considera "medidas improvisadas" de protección del litoral.

En su ofensiva contra el Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Popular acusó también a la Consellería de Política Territorial de no investigar la corrupción urbanística en Porto do Son hasta después de que lo hiciera la Fiscalía.Según la diputada Pilar Rojo, es falso que la corrupción en Galicia sea un "fenómeno generalizado".

Deslealtad institucional

El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), el popular Xosé Crespo, reprochó al Gobierno gallego que no hubiese consensuado con los alcaldes las medidas anunciadas para proteger la costa. En rueda de prensa en Santiago, Crespo aseguró que el organismo que preside no recibió ninguna documentación, ni tampoco fue informado por la conselleira de Política Territorial, María José Caride, en la reunión que ambos mantuvieron el pasado martes para firmar un acuerdo sobre la Agencia Gallega de Protección de la Legalidad Urbanística.

Crespo pidió lealtad a la Xunta y recordó que la actuación unilateral no es el mejor método para alcanzar consensos en una materia como el urbanismo, que precisa de la colaboración de los ayuntamientos: "Reivindicamos ir de la mano y sobre todo lealtad institucional, no queremos ser comparsas de nadie, pero si cada uno anda por libre al final no llegaremos a ningún acuerdo", advirtió.

Según Crespo: "La Fegamp está cumpliendo rigurosamente el Pacto Local, mientras otros [en referencia a la Xunta] parecen querer romper la baraja".

El responsable de la Fegamp alertó además de un eventual incremento de la especulación en los pueblos de la costa, si el Gobierno autónomo no articula medidas complementarias antes de la entrada en vigor de la nueva ley, prevista para mediados de 2007. Xosé Crespo aclaró que su organismo no hará una valoración de las medidas anunciadas por la Consellería de Política Territorial hasta que la Fegamp alcance un acuerdo por unanimidad.

En la zona de O Salnés, donde la presión urbanística se ha multiplicado en los últimos años, tampoco ha caído bien el anuncio de la Xunta. El alcalde de O Grove, Miguel Pérez, aseguró que la medida es una "auténtica barbaridad", aunque se mostro partidario de compatibilizar en el futuro el crecimiento urbanístico y la sostenibilidad.

En Sanxenxo, la localidad más turística de las Rías Baixas, incluso el concejal del Bloque Nacionalista Galego, Roberto Fernández Lores, pidió a la Xunta que sea flexible en la aplicación de la norma. Cualquier otra interpretación sería, en su opinión, un fracaso:"El que quiera aplicar esa ley de un modo global, sin hacer distinciones, no conoce el territorio o no tiene ni idea de por donde anda".

Según el regidor de A Illa de Arousa, el socialista José Manuel Vázquez, la protección de 500 metros en su municipio será dificilmente aplicable. "Esa ley es muy estricta. Aquí no se podrá cumplir porque en la mayor parte de su extensión la isla no tiene tanta superficie, con costa por los dos lados. De ese modo la protección aquí sería en realidad de un kilómetro", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de noviembre de 2006