Solbes cree que el 'holding' industrial de La Caixa puede plantear problemas en Europa

La creación por parte de La Caixa de un holding con sus participadas y su salida a Bolsa anunciada la pasada semana deja intranquilo al vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Según dijo ayer, esa estrategia "imaginativa" puede plantear problemas en Europa, por entender que son empresas con ayudas públicas al estar controladas por una caja de ahorros. El ministro mostró, por otra parte, su rechazo más tajante a que los estatutos de autonomía fijen un porcentaje de inversión pública. La decisión "corresponde al Parlamento", aseguró.

Solbes no cree que la estrategia de La Caixa sea contraria a la normativa europea, pero sí admite que puede plantear dudas. La salida a Bolsa de la cartera industrial entraña "algunas ventajas, pero también algún riesgo", dijo el ministro ante una pregunta formulada durante su intervención en el Foro ABC.

La ventaja es que esas participaciones -en empresas como Telefónica, Repsol YPF o Gas Natural- se someten así al veredicto del mercado, según Solbes. El problema es que se entienda que esas empresas "reciben ayudas públicas de una u otra naturaleza" por su pertenencia a un holding controlado por una caja de ahorros, que no tiene que repartir beneficios a diferencia por ejemplo de los bancos.

Solbes respondió que él no ve problema desde el punto de vista de la normativa europea, pero no cabe duda de que arrojó una gran sombra de duda. "Eso debe hacerse siempre sin poner en riesgo la matriz, que es La Caixa", comentó el ministro. La Caixa anunció hace días que quería sacar a Bolsa su cartera industrial, valorada en 21.400 millones de euros, y que mantendrá al menos el 51% del capital.

También en el ámbito catalán, aunque más en la esfera política, Solbes sembró dudas sobre la aplicación de la cláusula que fija las inversiones del Estado en esta comunidad. Dejó bien claro, de entrada, que no está satisfecho "al cien por cien" con el resultado del Estatut. En especial, por el requisito de que la inversión pública en Cataluña sea igual al de su peso en el PIB estatal durante siete años.

"Hubiera preferido", explicó, "cláusulas más cualitativas que cuantitativas", es decir, que se hubieran establecido criterios en lugar de cifras. E hizo una advertencia de que, diga lo que diga el Estatut, fijar las cantidades de inversión pública "corresponderá al Parlamento" cuando se aprueben los Presupuestos de cada año. Comentó también sus posiciones, la mayoría conocidas, sobre las operaciones empresariales que afectan sobre todo, al sector energético. Reiteró que la entrada de constructoras en este sector "no plantea inquietud especial", porque son empresas, en su mayoría, "que cuentan con liquidez suficiente y con capacidad de inversión".

En concreto, las OPA de Gas Natural y de E.ON sobre Endesa, tampoco le suponen un quebradero de cabeza. "Yo lo veo bien", dijo, sobre todo porque al final "se ha cumplido lo razonable, y es que la operación se ha devuelto al mercado". En contra de los deseos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no soy partidario de los campeones nacionales, sino de tener empresas españolas potentes en el ámbito internacional".

Solbes se refirió también al informe sobre la inmigración que presentó la pasada semana el hasta entonces responsable de la Oficina Económica del Gobierno, Miguel Sebastián. Lo hizo con algún matiz que indica que tampoco suscribe sus conclusiones "al cien por cien".

Inmigración

La inmigración es un fenómeno "enormemente positivo" para la economía española, dijo Solbes. Pero "nos plantea un problema de integración y de gastos futuros en protección social, capitalización de las pensiones, etcétera". El informe de Sebastián concluía que el balance fiscal (diferencia entre lo que aportan los inmigrantes y lo que reciben del Estado) es positivo, situación que durará aún varios años.

La corrupción urbanística "no es de este Gobierno, viene de hace mucho tiempo", dijo Solbes respecto de uno de los asuntos que más alarma social genera en las últimas semanas. "Incluso podríamos decir que estamos prestando más atención que otros a este asunto", en referencia al anterior Gobierno del PP. Admitió que, cuando se producen estos casos "son fallos graves que afectan a todos, a los ayuntamientos, a las comunidades y al Gobierno en la parte que nos corresponde".

Solbes no se quiso pronunciar sobre su continuidad en el Gobierno la próxima legislatura. "Mi compromiso con el presidente del Gobierno es para esta legislatura; después, ya veremos".