Editorial:Editorial
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Pendientes de un cable

La expresión "España es una isla energética" se debe a que la red eléctrica española está conectada a la europea por cuatro débiles puntos que apenas equivalen a 1.400 megavatios de capacidad de suministro comercial, que no cubren ni el 3% de la demanda nacional. Desde 2001, las autoridades españolas intentan aplicar el acuerdo que existe con las autoridades francesas para ampliar la capacidad de la conexión hasta unos 4.000 megavatios.

Por grotesco que parezca, esa ampliación, vital para la economía española, ha sido imposible hasta ahora. Unas veces el rechazo de los prefectos y ayuntamientos franceses, otras las presiones de los ecologistas, o las dificultades del Gobierno tripartito catalán para aplacar a alcaldes opuestos a la línea eléctrica, y el miedo a decisiones no populares en tiempos electorales, han frustrado el proyecto. El último episodio revela esta impotencia: la cumbre hispano-francesa de Girona decidió encomendar un arbitraje a la Comisión Europea sobre el tendido de alta tensión.

Ampliar la capacidad de la red es vital para los intereses económicos españoles por varias razones. El AVE que unirá Madrid con la frontera francesa necesita suministro eléctrico sofisticado y abundante. Requiere subestaciones cada 60 o 70 kilómetros. Esa alimentación es difícil con el nivel de producción en la zona del Pirineo oriental y con la escasa densidad de mallado. Hay que añadir, además, el riesgo de apagones muy graves en el área de Girona, que recibe electricidad por una única vía de tendido. Dado el aislamiento eléctrico español, es evidente también que las autoridades francesas tienen bastante menos urgencia en concluir el proyecto. No es precisamente Francia la que está aislada del continente europeo.

El arbitraje encomendado a las autoridades europeas responde a la lógica de ganar tiempo para que pasen las elecciones presidenciales francesas; pero al menos tiene algunas ventajas políticas. Será difícil que los ayuntamientos a uno u otro lado de la frontera puedan esgrimir el argumento de parcialidad para oponerse a una decisión comunitaria. Ahora bien, el dictamen de la CE debería dar paso ya, sin más tardanza, a la definición y realización del proyecto. Cinco años son plazo suficiente para madurarlo, incluso para sentir un cierto bochorno por su tardanza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 19 de noviembre de 2006.

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