Los jueces anulan la repatriación de otro inmigrante menor en Madrid

A Hamza, un menor marroquí que tiene ahora 17 años, el Gobierno español lo mandó de vuelta a Marruecos en diciembre pasado, cuando llevaba dos años en España. Regresó a Madrid con su pasaporte y el permiso de residencia que le habían concedido antes de la repatriación y, con la abogada Elena Arce recurrió ante los tribunales su obligada reagrupación familiar. Ayer, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 25 de Madrid le dio la razón.

La repatriación, dictada por la Delegación del Gobierno de Madrid, no fue "ajustada a Derecho", según la sentencia. Porque no fue "oído en el procedimiento de repatriación", porque tuvo que regresar a pesar de que su situación familiar era "de una total desestructuración en todos los aspectos e incluso de maltrato", y porque nadie le notificó que iba a ser repatriado.

Esta es la tercera vez en los dos últimos meses que los jueces censuran la política de repatriaciones de menores inmigrantes que lleva a cabo el Gobierno. El mes pasado se dictaron dos sentencias favorables a las pretensiones de los menores siguiendo argumentos muy parecidos a los de la resolución de ayer. Una en Madrid y otra en Huesca. Ambas indicaban que todos los menores inmigrantes deben tener derecho a un abogado en los procesos de repatriación -lo que en la práctica no ocurre nunca-, que deben ser oídos en el procedimiento y que se les debe notificar la resolución de repatriación: normalmente sólo se avisa a la comunidad autónoma que tiene la tutela del menor y éste se entera de que se va de España cuando llega la policía a buscarlo.

En el caso de Huesca, el Gobierno había devuelto al menor directamente a la nada: su padre estaba cumpliendo una pena de dos años en una cárcel de Marruecos y su madre estaba en paradero desconocido con sus dos hermanos. A pesar de esas circunstancias familiares, el Gobierno entendió que lo mejor para él era devolverlo a Marruecos. El juez anuló la decisión.

Hasta el momento se han admitido 19 recursos contra repatriaciones de menores en España, más de la mitad, en Madrid.