El fiscal acusa a un alcalde del PP gallego de información privilegiada a constructores

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia contra el alcalde Alfredo Rodríguez, del PP, y cuatro de sus concejales en Nigrán (Pontevedra), un municipio turístico próximo a Vigo. El fiscal ve indicios de un delito de tráfico de influencias en la actuación de los cinco ediles durante el trámite del plan de urbanismo, que pretendía recalificar fincas compradas meses antes por el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, compañero de directiva del alcalde. El proyecto no se llegó a aprobar tras una revuelta de vecinos que provocó la ruptura del gobierno local.

Según el escrito del fiscal remitido al Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, los cinco ediles podrían haber facilitado información privilegiada "en relación con la compra de terrenos afectados por el Plan de Ordenación, y que podría haber supuesto para sus adquirientes unos importantes beneficios, al conocer abusivamente cuál sería el tratamiento urbanístico de los mismos".

La denuncia se refiere a los solares que durante los últimos tres años han ido comprando varios directivos del Celta cuando la reordenación del urbanismo de Nigrán era un secreto que sólo conocía el grupo de gobierno. Entre esos 10 concejales, los constructores tenían un compañero de directiva, Alfredo Rodríguez, que entonces compatibilizaba el cargo de alcalde con el de director general en el club. Ni siquiera los ediles de la oposición tuvieron acceso a esa información restringida.

Paralelamante a la redacción del documento, el presidente del Celta; su vicepresidente, Ricardo Barros, y uno de los consejeros, Antonio Rosendo, compraron fincas hasta reunir 123.000 metros cuadrados en zonas cercanas a las playas. Desde 2003, la sociedad Metrowest Europa, SL, en la que figuran como administradores únicos Mouriño y Rosendo, compró 83.514 metros cuadrados de fincas rústicas o de escasa edificabilidad que luego aparecieron recalificadas. En otra operación, la sociedad adquirió 16.520 metros más en Telleiras, también en la costa, una zona que con el frustrado plan hubiese pasado a duplicar sus posibilidades de edificación. El cambio preveía agotar el límite urbanístico permitido en Nigrán: construir 850 metros cuadrados en cada parcela de 1.000 metros.

La operación se frustró en junio por la oposición de los vecinos. El gobierno local se vio obligado a retirar el PGOM tras una revuelta popular que acabó con la suspensión del pleno en el que se debía aprobar el planeamiento. Los vecinos asaltaron el consistorio, lanzaron piedras, rompieron cristales y los miembros del grupo de gobierno tuvieron que salir escoltados por policías antidisturbios sin realizar votación alguna.

El motín propició la salida de Rodríguez del Celta, la ruptura de la coalición de gobierno y la retirada de una propuesta que tampoco contaba con el apoyo del Gobierno gallego.

Después de revisar el urbanismo en Nigrán, la Consellería de Política Territorial ya había advertido a los redactores de que se estaban extralimitando en sus competencias. La Xunta declaró excesiva la oferta de más de 7.000 viviendas previstas para Nigrán donde el padrón cuenta 18.000 habitantes. En su informe que recomendó la anulación de recalificaciones injustificadas la Xunta añadió un dato: la planificación de los ayuntamientos debe fijar un horizonte temporal de 12 años y no de 30 como pretendía el gobierno de Nigrán.

La denuncia del fiscal es el último episodio de una larga historia de conflictos relacionados con la construcción en el segundo municipio más caro de Galicia. El metro de suelo construido cuesta en Nigrán 2.225 euros, 800 euros por encima del precio medio en el resto de ayuntamientos gallegos.