El Consell no piensa enmendar la Ley del Suelo para incluir su idea

El Consell ni se plantea presentar una enmienda a la reforma de la Ley del Suelo que se tramita en el Congreso para incluir la propuesta de que las plusvalías de una reclasificación de suelo se repartan entre los propietarios del terreno de los últimos 25 años. Todo indica que el PP, lejos de asumir la iniciativa de Esteban González Pons, quiere colocar la pelota en el tejado del Ejecutivo socialista para que éste cargue con el hipotético desgaste que se desprendería de desechar una iniciativa "ingeniosa", en definición diplomática del presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Juan Eloy Durá, pero que carece de concreción y cuya aplicación encalla ya en un primer análisis de la iniciativa, según los expertos. Además, la consejería lanza el órdago para que se incluya en una ley del suelo (y en el Código Civil) que se modifica con la intención de frenar la especulación y la subida de precios que han facilitado la norma de 1998, aprobado precisamente por un Ejecutivo del PP, y la derogada LRAU.

La consejería reconoce que la introducción sólo en la Comunidad Valenciana a través del derecho civil valenciano sería muy compleja y se expondría a posibles recursos ante el Constitucional. También habría que modificar la Ley Urbanística Valenciana.

Fuentes de Territorio, no obstante, insisten en que intentarán aplicar la medida y en que es necesario abrir el debate sobre el "mercado del suelo reclasificado", en el que se producen plusvalías "increíbles" sin una inversión productiva. "La reclasificación no es un privilegio, sino una obligación con la sociedad para construir", explican en la consejería, que defiende que la idea no busca el reparto de las plusvalías, sino romper ese mercado de "fabricantes de suelo" y hacer "más onerosa la venta para que al reclasificador le compense más construir que vender". El propio consejero calificó ayer de "inmoral" que se compre suelo rústico barato y se revenda multiplicando el beneficio sin poner un ladrillo. La consejería cree que con la medida desincentivaría los pelotazos y abarataría el precio del suelo.

El freno a estas plusvalías pasaría por el reparto proporcional entre los propietarios del suelo reclasificado en los últimos 25 años, y se aplicaría en los cuatro años siguientes al momento del cambio a urbanizable -cuando se ha creado la expectativa de negocio-, los trascendentes desde el punto de vista fiscal. Según las mismas fuentes, el reparto de plusvalías afectaría tanto al promotor de suelo que lo vende nada más se reclasifica, como al adjudicatario de un PAI surgido de reclasificar terreno que lo urbaniza pero se desprende de él sin haber construido los edificios. Los casos conocidos son muchos, entre ellos el de Porxinos, donde el presidente del Valencia CF, Juan Soler, compró el suelo rústico en Riba-roja, logró la reclasificación y ha cobrado el beneficio sin tocar una piedra.

La propuesta no ha gustado en el sector. El responsable de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, invitó ayer al consejero a presentar su "ocurrencia" en el Congreso.