La juez permite continuar las obras del aeropuerto dado lo irreversible del daño

"No queda nada que proteger o preservar". La titular del juzgado número 4 de Castellón decretó ayer el levantamiento de la paralización cautelar adoptada sobre las obras del futuro aeropuerto de Castellón en la zona denominada como monte de Santa Bárbara. La juez basa su decisión en el hecho de que "el daño es ya irreversible" y, por lo tanto, "carece de razón de ser" la medida ordenada tras la denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), ante la posible comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente ya que, a su entender, dicha zona no estaba incluida en la Declaración de Impacto Ambiental.

En cualquier caso, la juez insiste en que existen indicios de "la comisión de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, aparte de la existencia de un delito contra la ordenación del territorio y debiendo investigarse la posible comisión de delito de prevaricación en las autorizaciones administrativas otorgadas", en referencia a la Generalitat Valenciana y a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Así, la magistrada mantendrá la investigación en marcha aunque opte por el levantamiento de la suspensión parcial de las obras.

La titular del juzgado número 4 ordenó, el 10 de octubre, la paralización parcial de las obras del aeropuerto. Ante la decisión, Aerocas, la sociedad pública promotora del aeropuerto y formada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, presentó un recurso. En el texto, que fue criticado de forma inmediata por jueces, abogados y partidos de la oposición, la representante de ambas instituciones en el proceso acusaba a la juez de actuar con una "indeseable parcialidad" y de haber adoptado una decisión "que no sólo es manifiestamente contraria a derecho, sino, fundamentalmente, es radicalmente injusta y arbitraria". La magistrada decidió mantener la medida cautelar, mientras el presidente de la promotora y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, anunció que las máquinas iban a permanecer en la zona, aunque no pudieran trabajar en ese punto, con un coste que correría a cargo de las arcas públicas. Fabra había marcado como plazo el día de hoy para decidir si las máquinas, finalmente, se retiraban de la zona.

El pasado viernes, día 10, se practicó una inspección ocular tras la que la juez ha señalado que "el terreno está totalmente roturado, desbrozado". Así, describe que "se trata de una planicie carente de vegetación" y añade que, en lo que será el extremo de la pista de aterrizaje, hay dos cimas de las que "una ya ha sido objeto de voladuras y está parcialmente desmontada y hay un talud". Respecto a la otra cima indica "donde estaba la emita, ya no existe la referida ermita" para acabar concluyendo que "la pérdida producida es irrecuperable" y que "las consecuencias lesivas para el medio ambiente irreversibles ya se han producido, no hay nada que proteger ni que se pueda reparar". El auto, comunicado ayer, hace mención también a la existencia de un yacimiento sobre el que se ha previsto adoptar medidas de protección "aun cuando en el estudio arqueológico obrante en la Declaración de Impacto Ambiental no está inventariado".