El PSPV de Cullera aboga por pactar un 'Manhattan' reducido

El portavoz socialista de Cullera, Joan Grau, lanzó ayer al resto de formaciones del Consistorio una propuesta de pacto para negociar, "con transparencia", un nuevo plan para la Vega, donde el gobierno local liderado por el PP prevé construir 35 rascacielos. El PSPV aboga por un Manhattan reducido sin elevadas torres que cumpla los parámetros del plan general y garantice agua suficiente y conexiones viarias adecuadas, como reclama el Gobierno.

El PP rechaza las críticas y asegura que recibirá las dotaciones que le corresponden

Grau bautizó la iniciativa como "un pacto por la Vega y los intereses generales del pueblo de Cullera" que está basado en seis puntos. La propuesta insta a los partidos del Consistorio -PP, Unión Valenciana y el Bloc en el gobierno, y socialistas y Alternativa Progresista en la oposición- a la apertura de negociaciones en "un proceso de total transparencia".

Un posible acuerdo deberá cumplir los parámetros fijados en el plan general urbano (PGOU) de 1995, aprobado bajo mandato del PSPV-PSOE, especialmente en lo que atañe al número de viviendas y al 10% del aprovechamiento que corresponde al municipio. El PGOU preveía la construcción en la Vega de 3.275 viviendas frente a las 4.870 que recoge el plan pendiente de la ratificación de la Generalitat, que también incluye 2.200 plazas hoteleras. Los socialistas de Cullera, no obstante, están "dispuestos" a estudiar un incremento de la edificabilidad sobre el PGOU si lo posibilita la legislación actual para destinarlo "a plazas hoteleras" que creen "empleo estable" y una estructura de "turismo potente y de calidad". Grau recordó que el plan anterior, defendido por su grupo y apoyado en un principio por el PP, distribuía de manera "esponjada" 6.000 viviendas, más unas 2.000 plazas hoteleras, en una superficie mayor entre la Vega y el margen derecho del río Júcar, con un máximo de 12 alturas -frente a las entre 25 y 40 actuales- y una densidad mucho menor. En ese sentido, la oferta de pacto deberá incluir un diseño del proyecto con menos altura de los edificios, entre otras condiciones.

La garantía de recursos hídricos para los nuevos vecinos, así como accesos adecuados al aumento del tráfico, también serían requisito previo a un acuerdo, dijo Grau. El Gobierno ha emitido informes negativos sobre ambas cuestiones, pese a lo cual el proyecto salió adelante con los votos del PP y de Unión Valenciana -el Bloc se abstuvo- en pasado 31 de octubre. El alcalde popular, Ernesto Sanjuán, rechaza que falte agua y su equipo alega también que no ha aumentado la edificabilidad, sino que permite "hacer viviendas más pequeñas".

"Si hacemos menos viviendas, se hacen los estudios necesarios y se buscan las soluciones adecuadas el proyecto puede ser viable", insistió el portavoz socialista, al tiempo que aseguró la defensa de un pacto con estas premisas ante otras administraciones.

El ofrecimiento de un pacto no impidió a Grau, que compareció junto al edil del grupo Jordi Mayor, atacar al PP por llamar "mentirosos" a los socialistas. El portavoz de Cullera devolvió la acusación a los populares y para ello echó mano del expediente del proyecto y las actas municipales. Según Grau, la documentación muestra el aumento de densidad residencial en el sector de 75 a 80 viviendas por hectárea en un cómputo "que incluye la lámina de agua del puerto deportivo". Tampoco figura en ningún acuerdo que el Ayuntamiento recibirá por el 10% del aprovechamiento municipal un total de cinco parcelas para 1.171 viviendas protegidas (VPO), una para pisos de renta libre, otra hotelera, 10 millones de euros para infraestructuras y un aparcamiento público. El PSPV sostiene que en documentos y planos sólo figuran cuatro parcelas para VPO, que controlará en parte el Instituto Valenciano de Vivienda, que ha impulsado el plan. Grau se preguntó si "hay un acuerdo o documento secreto" que garantice las cesiones que anuncia el PP, "porque en el expediente no consta nada".

El PP, por el contrario, asegura que recibirá estas dotaciones con la reparcelación y considera que se establecieron "con meridiana claridad" en la aprobación provisional del plan en junio de 2005.