La Junta vincula un derribo en Montenmedio a un informe jurídico

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aseguró ayer en el Parlamento andaluz que el derribo de la casa-club del complejo deportivo y turístico de Montenmedio, en Barbate (Cádiz), sobre la que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), está pendiente de un informe jurídico solicitado por el Gobierno andaluz. Coves dijo que la intención es demoler de "inmediato".

No obstante, desde la Delegación de Obras Públicas de Cádiz se precisó ayer que esa medida depende todavía de la resolución de un recurso ante el Tribunal Supremo presentado por la empresa Ibercompra, promotora de la instalación, y el Ayuntamiento barbateño.

Coves respondía así a una pregunta del parlamentario autonómico de Izquierda Unida Ignacio García, en la que éste se interesaba por la situación administrativa de la orden de demolición que hay sobre el edificio del complejo deportivo y turístico.

En un auto del 18 de mayo, el TSJA desestimó los recursos de súplica de Ibercompra y del Consistorio que fueron presentados contra un auto del mismo tribunal que ordenaba el derribo de la casa-club en base a una sentencia de 1999, que declara ilegal su construcción. La empresa y el Ayuntamiento volvieron a recurrir este último auto ante el Tribunal Supremo. Fuentes de Obras Públicas aseguraron ayer que estos recursos todavía no se han resuelto por lo que, de momento, la Administración no puede ejecutar la orden de derribo.

En el auto de mayo, el TSJA instaba a la empresa a derribar de forma voluntaria la casa-club en 30 días. En todo caso, el Ayuntamiento de Barbate debía acreditar la demolición en dos meses, un plazo que ya ha vencido, aunque la decisión está pendiente de los recursos aún pendientes.

En ellos, Ibercompra y Ayuntamiento recuerdan que existe una licencia posterior, fechada en 2001, que legalizaba la casa-club. Una licencia que no tiene en cuenta el auto del TSJA. Ibercompra sostiene que la licencia de 2001 ampara la construcción de la casa-club porque, además, no ha sido anulada en ninguna resolución judicial ni impugnada por la Junta de Andalucía, que actúa de demandante en este caso.

El parlamentario autonómico de Izquierda Unida lamentó ayer la respuesta ofrecida por la consejera de Medio Ambiente. "En ningún momento se ha anunciado el derribo, sino únicamente se ha dicho que el Gobierno andaluz ha encargado un informe jurídico para proceder a la demolición, lo que no significa que ésta vaya a ser inminente", criticó.

García recordó que han pasado ya más de dos años desde que la Consejería de Obras Públicas determinara en dos meses el primer plazo para derribar de manera subsidiaria la casa-club si el Ayuntamiento de Barbate no lo hacía. El diputado asegura que la actuación de la Junta en este caso "hace que la Administración andaluza pierda su autoridad moral en la lucha contra la ilegalidad urbanística". De hecho, ayer propuso que se utilicen los seis millones de euros destinados a la lucha contra las viviendas ilegales en los Presupuestos autonómicos de 2007 para "acabar con los grandes complejos y no sólo con las pequeñas casas".