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Un gobernador priísta en apuros

El dirigente oaxaqueño adquirió notoriedad con la huelga de los maestros

Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca desde el 1 de diciembre de 2004, adquirió notoriedad a raíz de la huelga de maestros iniciada en mayo pasado, pero su imagen ya estaba asociada con la controversia. Concretamente desde que este abogado de 48 años ganó las elecciones del 1 de agosto de 2004 como candidato del PRI, que ha gobernado ininterrumpidamente en Oaxaca durante más de 70 años.

El ex alcalde Gabino Cué era el adversario de Ruiz, al frente de la coalición Todos Somos Oaxaca, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna en México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia. En los primeros compases del recuento, Cué iba en cabeza. A las ocho de la tarde se produjo una caída del sistema informático. Aquella noche el cómputo sufrió otros dos accidentes, tras los cuales Ruiz fue recuperando terreno hasta erigirse en ganador por 45.000 votos. Muchos oaxaqueños están convencidos de que su victoria fue fraudulenta.

Ulises era un destacado operador político del PRI y del líder priísta y ex candidato presidencial Roberto Machado, para quien trabajó durante la campaña de las elecciones de julio. Esta actividad le mantenía con frecuencia alejado de Oaxaca, donde delegaba las labores del Ejecutivo estatal en el ex secretario de Gobierno Jorge Franco, un político de pésima imagen.

Desvío de fondos públicos

Sectores sociales como el Comité Ciudadano de Vigilancia y respetadas figuras del mundo de la cultura, como el pintor Francisco Toledo, criticaron la remodelación de la emblemática plaza del Zócalo, que costó más de 60 millones de dólares y que, aparentemente, ocultó el desvío de recursos públicos para la campaña política de Madrazo. Otra decisión criticada fue el traslado de la sede del Gobierno desde el palacio en el Zócalo a un edificio en Santa María Coyotepec, a 20 kilómetros de la capital.

Desde el primer día de su mandato cumplió la promesa electoral de "cero marchas". El envío de la fuerza pública al Zócalo el 14 de junio para desalojar a los maestros en huelga fue la peor de sus decisiones. Catapultó el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la organización que se ha erigido en el enemigo número uno del gobernador.

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