Amnistía critica que no se investiguen las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla

Uso desproporcionado de la fuerza, falta de investigación de las causas de las muertes y expulsiones ilegales a Marruecos. Estos son los tres principales reproches que hace Amnistía Internacional a las autoridades españolas tras analizar con ejemplos y testimonios la actuación de las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla.

Las críticas que la ONG formula a las autoridades de Rabat, que expulsaron a cientos de subsaharianos al desierto, son de mayor calado, pero acaso menos detallas porque, probablemente, la información que la ONG ha podido recabar en Marruecos es aún más escasa que la obtenida en España.

Bajo el título España y Marruecos / Falla la protección de los derechos de las personas migrantes: Ceuta y Mella un año después, Amnistía presentó ayer un informe de 37 páginas dedicado, en buena medida, a hacer balance de los intentos de saltar las vallas de las dos ciudades a principios del otoño de 2005 por cientos sin papeles.

Un año después de que se produjeran 13 muertes, la mayoría del lado marroquí, las "investigaciones no han tenido resultados que se conozcan públicamente, ni tampoco hay garantías de que las investigaciones prometidas serán exhaustivas, imparciales y efectivas", recalca el documento.

Amnistía da crédito, por ejemplo, a la versión del Sindicato Unificado de Policía que achaca los muertos de septiembre en Ceuta a disparos de la Gendarmería marroquí, pero también señala que un subsahariano falleció el 15 de septiembre en Melilla tras un pelotazo de goma en la garganta.

Investigación opaca

En éste, como en otros siete casos de muertos, los resultados de la investigación española son desconocidos. Las trabas para investigar son además numerosas. Tras la difusión de unas imágenes de Telecinco en las que un guardia civil propinaba una paliza a un subsahariano, la Fiscalía de Málaga pidió, en octubre de 2005, que se le remitiese el vídeo, grabado por las cámaras de vigilancia de la valla, en el que se veía la brutal actuación del agente y que se le identificase. No recibió la información solicitada. "(...) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y responsables de controlar las fronteras de Ceuta y Melilla no rinden cuentas en la actualidad de sus actos", sentencia Amnistía.

El Defensor del Pueblo español estableció el año pasado que el terreno entre la doble verja que rodea Ceuta y Melilla es ya España, pero el Gobierno español alega, sin mucha convicción, que es la frontera. Por eso cientos inmigrantes atrapados allí son devueltos, a veces heridos, a Marruecos a través de las puertas de la valla. Estas expulsiones compensan, en parte, la negativa marroquí a aplicar el acuerdo de readmisión de 1992.

Peor aún, el informe recopila casos de subsaharianos apresados por la Guardia Civil cuando, ya dentro de la ciudad, acudían a la comisaría para "obtener un certificado que confirma que han llegado a territorio español y se ha iniciado un procedimiento de solicitud de asilo (...)". Aún así les expulsa a Marruecos.